Tegucigalpa. Unos 135 indígenas y afrohondureños denunciaron entre 2016 y 2022 estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado, informó este miércoles el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre.
Del total de denuncias, 83 casos, que representan el 61 %, relataron estar en riesgo de desplazamiento y 52 (39 %) se habían desplazado de manera forzada por la violencia, indicó el organismo de derechos humanos en un comunicado en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Los pueblos originarios más afectados son los garífunas, lencas, miskitos, tolupanes, pech y en menor grado los Tawanka y Maya Chortís, añadió.
La mayor parte de las quejas se presentaron en los departamentos de Atlántida, Colón, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Valle.
El riesgo o el desplazamiento forzado de las víctimas estuvo asociado a causas como “el despojo de tierras, extorsión, amenazas, tentativas de homicidios, usurpación de propiedad y asesinatos”, enfatizó.
Izaguirre expresó su preocupación por los “riesgos individuales y colectivos” que sufren los pueblos indígenas y garífunas en Honduras debido a la violencia, principalmente por defender los territorios ancestrales.
Los pueblos indígenas siguen “siendo víctimas del racismo, la discriminación y la desigualdad en el acceso a derechos como la salud y la educación” y, además, enfrentan altos niveles de pobreza, subrayó.
Agregó que uno de los desafíos que enfrentan es la falta de protección sobre el derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales, que constituyen “los pilares centrales de sus medios de vida e identidad cultural”.
La Defensora del Pueblo hondureño urgió al Estado a “tomar las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos de personas” de los pueblos originarios.
Según el organismo de derechos humanos, los vacíos de protección legal a las personas indígenas y afro-hondureñas derivan en “situaciones de violencia, como homicidios en contra de líderes y defensores de los derechos humanos”.
Entre 2021 y lo que va de 2023, alrededor de 40 defensores de los derechos humanos han muerto violentamente en Honduras, precisó.
Muchos de los casos de desplazamiento forzado de pueblos indígenas ocurren en un contexto de lucha por la tierra y territorios, y las actividades del crimen organizado que les despoja de su propiedad, señaló.
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El organismo destacó que le preocupa que el Estado “no realice las acciones suficientes” para garantizar la protección y goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afro-hondureños, especialmente los relacionados con los territorios y recursos naturales y, la violencia e impunidad que sufren. EFE