Tegucigalpa, Honduras. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) prepara una propuesta de reformas a la normativa relacionada con la violencia doméstica, con la intención de fortalecer las medidas de responsabilidad y reparación para las personas condenadas por este tipo de hechos.
Uno de los cambios planteados contempla que quienes sean condenados por delitos vinculados con violencia en el ámbito familiar puedan cumplir hasta un año de servicio comunitario, como parte de las medidas que se incorporarían al marco legal.
La iniciativa busca que las sanciones no se limiten únicamente a una respuesta punitiva, sino que también incorporen mecanismos orientados a la responsabilidad del condenado, la reparación y la prevención de nuevas conductas de violencia.
La propuesta se suma a los esfuerzos del Poder Judicial por actualizar la respuesta institucional frente a la violencia doméstica. En su memoria anual, la institución señaló que trabajó junto con la Comisión de Equidad y Género del Congreso Nacional en reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, con el objetivo de establecer respuestas jurídicas más amplias y efectivas.
Servicio comunitario ya está contemplado
Actualmente, la legislación hondureña ya contempla el servicio comunitario como una de las sanciones aplicables en determinados casos de violencia doméstica. La Ley contra la Violencia Doméstica establece períodos de uno a tres meses para determinadas conductas y dispone mecanismos para supervisar el cumplimiento de estas sanciones.
Además, los registros del Poder Judicial identifican el servicio comunitario como una de las sanciones utilizadas en materia de violencia doméstica.
La diferencia planteada con la nueva propuesta estaría en ampliar el alcance de esta medida hasta 12 meses, dependiendo de lo que finalmente establezca el proyecto de reforma y de su eventual aprobación.
Buscan reforzar la respuesta judicial
La CSJ pretende que las modificaciones contribuyan a una respuesta más integral ante la violencia dentro de los hogares, reforzando tanto la protección de las víctimas como el cumplimiento de las responsabilidades impuestas a quienes resulten condenados.
La propuesta deberá seguir el proceso correspondiente antes de convertirse en una reforma vigente, por lo que los alcances definitivos dependerán del contenido final del proyecto y de su aprobación conforme al procedimiento legislativo.
En 2024, los juzgados de Letras registraron 6,489 casos ingresados de violencia doméstica, mientras que los juzgados de Paz reportaron otros 9,027 ingresos, reflejando la magnitud de esta materia dentro del sistema judicial hondureño.