Tegucigalpa. El Ministerio Público a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presento este miércoles una ampliación de requerimiento fiscal contra 6 ex funcionarios del Gobierno de Juan Orlando Hernández por el fraude en la compra de los hospitales móviles durante la pandemia de la COVID-19.
En el nuevo requerimiento fiscal se presento ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.
Asimismo, supone responsable de los delitos de fraude a la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores Ferrufino y a la exministra de Finanzas, Rocío Tábora Morales.
De ese modo, son señalados por los delitos de fraude, Roxana Melani Rodríguez Alvarado y Daniel Antonio Ardón.
Además, por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios Héctor Antonio Herrera Flores y Bessy Roxana Rodríguez Mendoza.
El documento también señala a Carlos Luis Guevara Mondragón, por el mismo delito de fraude.
También ex funcionarios de INVEST-H.
Fraude en compra de hospitales
La última década en Honduras está marcada por una lista de sonados actos de corrupción.
Mismos en los que “desfilaron” prominentes figuras de la política hondureña y de los distintos gobiernos; muchos de ellos, hoy gozan “del sabor de la miel” de la impunidad.
El caso más sonado de corrupción es el vinculado a la compra de siete hospitales móviles por un valor de casi 48 millones de dólares ($ 47.512.564) para hacerle frente al coronavirus.
Según el Ministerio Público hondureño, la adquisición se hizo “de forma directa y fraudulenta”.
“Es un hecho sin precedentes en función del momento en el que se da, cuando existe una emergencia sanitaria”, expresó Rafael Jerez, oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
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A juicio de Jerez, el proceso demandaba la mayor transparencia “por los antecedentes del gobierno y todas las denuncias en materia de corrupción”.
Marco Bográn Corrales y Alex Morales Girón, gerente general y gerente administrativo, respectivamente, de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) son los culpables de dicho acto de corrupción.