La Comisión Europea anunció un endurecimiento de su política de visados y retornos, en un intento por «prevenir la migración irregular» y fortalecer las fronteras de la Unión Europea.
La medida contrasta de manera notable con la decisión del Gobierno español, que hace apenas dos días aprobó una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular.
Aunque ambos enfoques buscan abordar la migración, sus objetivos y métodos difieren: mientras la Comisión se centra en controlar la entrada y los retornos, España apuesta por legalizar la situación de quienes ya se encuentran en su territorio, defendiendo un sistema de colaboración con los países emisores para gestionar los flujos migratorios.
En Bruselas, el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, evitó opinar sobre la decisión española.
«Las políticas para regularizar la situación de los nacionales de terceros países en situación irregular son competencia de los Estados miembros», señaló, subrayando que el objetivo principal de la UE es prevenir la migración irregular y garantizar retornos rápidos y dignos.
Brunner también aclaró que las vías legales y la regularización de trabajadores extranjeros son asuntos distintos, y corresponde a cada país decidir cómo gestionarlas, reafirmando que la iniciativa española está dentro de la autonomía de España.
Estas declaraciones constituyen además un freno para partidos como el PP y Vox, que buscaban elevar la regularización española al ámbito europeo, ya que Bruselas ha dejado claro que no tiene competencias para legislar sobre este tema.
La divergencia evidencia las diferencias de enfoque dentro de la UE: mientras España prioriza la integración de inmigrantes ya presentes, el bloque europeo refuerza controles y sanciones para quienes intentan ingresar de manera irregular, consolidando un debate que seguirá marcando la política migratoria en los próximos meses.