El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza contra los abogados que presenten demandas contra las políticas migratorias implementadas por su Administración.
En un intento por reforzar el poder del Ejecutivo, Trump firmó un memorando el viernes, que fue divulgado el sábado por la Casa Blanca, en el que acusó a los abogados de estar fomentando un «fraude desenfrenado» y promoviendo «reclamaciones sin mérito» en el sistema migratorio del país.
El memorando instruye al Departamento de Justicia a sancionar a aquellos que, según Trump, incurren en conductas profesionales indebidas al presentar demandas «frívolas, irrazonables y vejatorias» contra el gobierno.
Además, el documento ordena a los responsables de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional tomar medidas contra abogados y firmas legales que, a juicio de la Casa Blanca, presenten litigios sin fundamento.
Trump también instó a la fiscal general, Pam Bondi, a remitir los casos de estos bufetes a la Casa Blanca para que se les retiren sus credenciales y se les rescindan contratos con el gobierno federal.
Reacción de la ACLU ante la amenaza
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha expresado su rechazo a la medida, calificando la decisión como un ataque a los derechos fundamentales.
Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, condenó la orden presidencial, señalando que representa «otro paso hacia el desmantelamiento del Estado de derecho».
Asimismo, un intento de «silenciar» a los abogados que luchan por defender los derechos de los ciudadanos.
Wang afirmó que la medida es un «ataque sin precedentes y estremecedor a los cimientos de la libertad y la democracia».
Desafíos legales a las políticas migratorias de Trump
Actualmente, los tribunales federales están revisando más de un centenar de demandas contra las políticas migratorias implementadas por Trump.
Lo anterior, muchas de ellas impulsadas por organizaciones como la ACLU.
Un caso emblemático involucra el intento de Trump de negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales nacidos en territorio estadounidense.
Dicho fallo recientemente revocado por un juez.
Desde que asumió nuevamente la presidencia el 20 de enero, Trump ha recurrido a órdenes ejecutivas para ampliar los poderes del Ejecutivo.
A su vez, desafiando abiertamente la separación de poderes, con el poder judicial como su principal obstáculo.