El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa una nueva medida migratoria que podría afectar a miles de estudiantes internacionales: la imposición de una tarifa de hasta 100.000 dólares para aquellos extranjeros que permanezcan en el país con el objetivo de trabajar después de finalizar sus estudios.
La propuesta estaría enfocada en modificar los mecanismos actuales que permiten a los graduados extranjeros obtener experiencia laboral en territorio estadounidense, especialmente mediante programas vinculados a visas de estudio y empleo.
Actualmente, muchos estudiantes internacionales utilizan la autorización de Entrenamiento Práctico Opcional (OPT, por sus siglas en inglés) para trabajar temporalmente después de graduarse. El programa permite a estudiantes con visa F-1 adquirir experiencia relacionada con su área académica y, en algunos casos, buscar oportunidades para cambiar a otras categorías migratorias.
La posible tarifa de seis cifras ha generado preocupación entre universidades, organizaciones educativas y estudiantes extranjeros, quienes consideran que un costo de esta magnitud podría limitar el acceso al mercado laboral estadounidense y reducir la llegada de talento internacional.
Defensores de la medida argumentan que busca priorizar las oportunidades para trabajadores estadounidenses y reforzar el control migratorio. Sin embargo, críticos señalan que podría afectar la competitividad de Estados Unidos en áreas como tecnología, ciencia, ingeniería y medicina, sectores donde los graduados extranjeros tienen una presencia significativa.
Hasta el momento, la administración Trump no ha confirmado una decisión final ni ha detallado cuándo podría entrar en vigor la propuesta. El tema continúa bajo revisión dentro de las autoridades migratorias y económicas del país.