El Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúa este miércoles si el Gobierno del presidente Donald Trump tiene la autoridad legal para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio que actualmente ampara a cerca de 360,000 personas de nacionalidades haitiana y siria.
El caso marca un precedente histórico, ya que es la primera vez que la máxima corte estadounidense revisa directamente el programa Estatus de Protección Temporal (TPS), creado por el Congreso en 1990 para proteger a migrantes que no pueden regresar a sus países debido a conflictos armados, desastres naturales u otras emergencias.
La disputa judicial surge tras la decisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de cancelar el TPS argumentando que los beneficiarios podían retornar de forma segura y que su permanencia era “contraria al interés nacional”. Sin embargo, tribunales federales en Washington y Nueva York bloquearon la medida al considerar que podría violar la ley administrativa estadounidense.
Actualmente, Estados Unidos alberga a unos 1.3 millones de beneficiarios del TPS de 17 países, conocidos como “tepesianos”, muchos de los cuales han visto sus protecciones puestas en riesgo por recientes decisiones gubernamentales.
Organizaciones migrantes y defensores del programa advierten que un fallo favorable al Gobierno podría impactar a toda la comunidad protegida bajo este estatus, incluyendo casos como el de ciudadanos venezolanos que también enfrentan litigios similares.
Desde el ámbito legal, el abogado Ahilan Arulanantham, quien representa a los demandantes, sostiene que la administración anterior “ha debilitado la ley del TPS”, mientras que organizaciones como el Centro de Derecho y Política Migratoria alertan sobre un posible uso político del sistema migratorio.
En paralelo, activistas y beneficiarios se han movilizado en Washington para acompañar la audiencia, en un ambiente de alta expectativa. Entre ellos, el salvadoreño José Urias, quien reside en EE.UU. desde hace más de tres décadas, afirmó que la lucha por el TPS “es una defensa de todos los migrantes, no solo de un país”.
La decisión del Supremo podría redefinir el alcance del TPS en Estados Unidos y sentar un precedente clave sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.