La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, anunció la creación de una «ley especial» que busca inhabilitar políticamente de forma perpetua a las personas que soliciten o celebren sanciones internacionales contra el país.
Así lo informó este martes Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, quien calificó estos actos como «traición a la patria».
La iniciativa legislativa, denominada «ley contra el bloqueo y por la defensa de Venezuela», incluirá procesos judiciales contra quienes promuevan sanciones extranjeras.
Lo que Rodríguez consideró un acto de «agresión» hacia el país.
El delito de traición a la patria, según el Código Penal venezolano, está penado con hasta 30 años de prisión.
«Debemos incorporar en esta ley artículos que permitan juzgar y condenar a esos criminales por traición a la patria», afirmó Rodríguez durante la sesión parlamentaria.
En su discurso, señaló al opositor Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, acusándolo de solicitar sanciones en Europa y Estados Unidos.
Rechazo a sanciones estadounidenses
El debate en la Asamblea se dio en medio del rechazo a un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos que prohíbe a instituciones federales contratar a empresas con vínculos comerciales con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Rodríguez calificó esta acción como un «nuevo acto de barbarie» y aseguró que las sanciones constituyen crímenes de lesa humanidad al atacar la «libertad económica» del país.
El Gobierno venezolano también se sumó al rechazo, acusando a la «derecha fascista» de promover este tipo de medidas para obstaculizar las relaciones económicas entre Venezuela y Estados Unidos.
Según cifras oficiales, más de 930 sanciones internacionales han sido impuestas contra funcionarios y entidades vinculadas al chavismo.
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Contexto y críticas
La propuesta de ley ha generado preocupación entre sectores opositores y organizaciones de derechos humanos.
Mismos, que consideran que podría ser utilizada para perseguir a disidentes políticos y restringir aún más las libertades democráticas en Venezuela.
Mientras tanto, el oficialismo sostiene que es una medida necesaria para defender la soberanía del país frente a la «injerencia extranjera».