Cofradía, Cortés. Entre lágrimas, angustia e incertidumbre, alrededor de 300 familias del sector de Cofradía, Cortés, enfrentan nuevamente la amenaza de perder sus viviendas debido a la reactivación de una orden judicial de desalojo, cuya ejecución mantiene un fuerte despliegue de elementos de la Policía Nacional en la zona.
Desde tempranas horas de este martes 17 de noviembre, los pobladores se mantienen en alerta ante la presencia policial, mientras expresan su preocupación por quedarse sin un lugar donde vivir y cuestionan la legalidad y el alcance del procedimiento.
La controversia se centra particularmente en las comunidades afectadas y en la identificación de los terrenos incluidos en el expediente judicial. Representantes legales de los pobladores sostienen que existirían inconsistencias entre las personas señaladas en la orden y las familias que actualmente residen en el lugar.
De acuerdo con declaraciones de la defensa, el documento judicial estaría dirigido únicamente contra 10 personas y no facultaría el desalojo de las aproximadamente 300 familias que habitan en la colonia Belén. También se cuestionó una posible confusión entre los terrenos de Rancho Manacal y los ocupados por los residentes.
Asimismo, el abogado aseguró que existen actuaciones judiciales previas, entre ellas un recurso de amparo cuya resolución debería ser considerada antes de continuar con el procedimiento. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos de la defensa y no constituyen, hasta ahora, una determinación oficial sobre la legalidad del operativo.
La situación revive la tensión que ya se había registrado en agosto pasado, cuando un primer intento de desalojo fue suspendido temporalmente y se concedió a los habitantes un plazo para abandonar voluntariamente los terrenos, bajo el argumento de facilitar una salida pacífica y evitar afectaciones mayores a las familias.
Mientras tanto, los afectados temen perder las viviendas que han construido y en las que han establecido sus hogares. La presencia de niños, adultos mayores y personas en condiciones de vulnerabilidad aumenta la preocupación ante el desenlace de la medida.
Por ahora, la disputa continúa marcada por los cuestionamientos de los pobladores y la intervención de las autoridades. Las familias esperan que se revisen los documentos y se esclarezca el alcance de la resolución judicial antes de que más personas queden sin hogar.


