EEH

PODRÍA RECIBIR UNA PENA DE ENTRE 10 Y 15 AÑOS DE RECLUSIÓN 

Hace 14 meses el dirigente del Stenee fue hallado culpable de apropiarse indebidamente de más de 6 millones de lempiras. La ley le prohibía asumir cargos sindicales por estar procesado, pero fue reconocido por la Secretaría del Trabajo y la ENEE. 

Pese a que hace más de un año un juez unipersonal lo encontró culpable por el delito de apropia­ción indebida de más de 6 millo­nes de lempiras, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), Miguel Agui­lar Gámez, se mantiene en liber­tad mediante argucias legales y conserva su cargo pese a que la ley prohíbe que una persona lla­mada a juicio sea directivo de una organización obrera.

En junio de 2018, la enton­ces presidenta del Stenee, Án­gela Reyes, lo querelló por apro­piación indebida, de 4.1 millones de lempiras, pero documentos posteriores elevaron esa suma a 6,129,544 lempiras con 64 cen­tavos.

Esto se habría gastado entre el 13 de septiembre de 2016 y el mes de febrero de 2017, cuando en forma conjunta con los de­más miembros de la junta direc­tiva recibieron las aportaciones de los trabajadores sin estar fa­cultados para ello.

De acuerdo a la demandante, no se pudo establecer claramente en qué fueron gastados los recur­sos obtenidos. Sin embargo, du­rante una asamblea, Reyes llegó a denunciar que Aguilar incluso pagó un show de bailarinas des­nudistas.

Para ese momento, Aguilar, quien mantiene bajo control el Stenee desde hace muchos años, era cuestionado por sus compa­ñeros obreros al asegurar que se había convertido en accionista de la Empresa Energía Hondu­ras (EEH).

El 20 de junio de 2018 el diri­gente fue convocado a una au­diencia judicial para que devol­viera lo apropiado indebidamen­te, pero al negarse a hacerlo el ca­so se elevó a juicio oral y público.

Las argucias para retrasar la justicia se dieron en varias par­tes del proceso, pues el imputa­do argumentaba sufrir proble­mas de salud.

Además, días antes de que iniciara el juicio oral y público, la Secretaría de Trabajo emitió una resolución donde recono­cía a la directiva presidida por Aguilar y no a la que funcionaba hasta ese momento, encabezada por José Luis Matamoros. De in­mediato enviaron el documento a la gerencia de la ENEE, donde también reconocieron a Aguilar, aparentemente en un intento de protegerlo.

Esto permitió a la defensa in­terponer un recurso de amparo bajo el concepto de que la direc­tiva presidida por Aguilar sí esta­ba facultada para utilizar los re­cursos obtenidos.

El reconocimiento de la Se­cretaría de Trabajo fue un acto ilegal por cuanto el Código de Trabajo especifica en su artícu­lo 510 que no puede ser elegido como directivo quien esté lla­mado a juicio por delitos comu­nes. Para cuando asumió el car­go, él ya tenía un año de haber si­do procesado.

CULPABLE

Finalmente, el 30 de julio de 2019 concluyó el proceso judicial con un fallo de culpabilidad. En ese momento se estimó que la pe­na podría ser de entre 10 y 15 años de reclusión, más una multa del 10 por ciento de lo sustraído. Sin embargo, el juez no fijó fecha pa­ra dictar sentencia porque estaba pendiente la resolución del am­paro presentado antes del juicio.

Tras conocerse el fallo, el pre­sidente de la otra directiva del Stenee, José Luis Matamoros, di­jo que el monto de lo sustraído po­dría ser de hasta 28 millones de lempiras. A finales de noviembre de 2019 la Corte Suprema resol­vió que el amparo presentado a favor de Aguilar era inadmisible, por lo que el fallo seguía firme. El 27 de noviembre el abogado Je­sús Chinchilla, apoderado legal de la directiva que preside Matamo­ros, presentó un documento don­de demandaba la prisión preventi­va para el procesado, previo a la lec­tura de sentencia.

Para pedir la prisión preven­tiva, citó el artículo 173 del Códi­go Procesal: “ya que se desprende de nuestra normativa penal que la pena a imponer por el delito por el cual fue condenado el señor Agui­lar Gámez es grave y existe el pe­ligro de fuga, así como el hecho in­dubitado que el condenado ejecu­te actos de represalias contra las personas que en su momento in­terpusieron la querella”, señaló en el documento presentado. Además pidió que se fijara la fecha para la lectura de la sentencia, a lo que los jueces se siguen resistiendo.

Una vez que sea condenado aún podrá recurrir al recurso de casación para pedir la anulación del juicio.

---

 CÓDIGO DE TRABAJO

Esto es lo que dice el artículo 510, inciso “F” del Código de Trabajo en referencia a quién es apto para ser miembro de una junta directiva sindical:

No haber sido condenado a sufrir pena aflictiva a menos que haya sido rehabilitado, ni estar llamado a juicio por de­litos comunes en el momento de la elección.

---

 6,129,544.64  LEMPIRAS  es lo que se habría apropiado Miguel Aguilar de las cuotas del Stenee, según el expediente del juicio incoado en su contra.

---

---