Decenas de socios de la empresa Koriun salieron a las calles este viernes para exigir respuestas a las autoridades tras la pérdida de sus inversiones, en protestas simultáneas que provocaron congestionamientos vehiculares en distintos puntos de Choloma y San Pedro Sula.
Los manifestantes denunciaron que enfrentan una situación económica crítica luego de no poder recuperar el dinero que depositaron en la empresa, por lo que demandaron soluciones concretas y urgentes.
Durante la jornada, los afectados hicieron un llamado directo al alcalde capitalino y excandidato presidencial Nasry Asfura, solicitando que interceda ante el fiscal general para buscar mecanismos que permitan la devolución de los fondos.
“Necesitamos respuestas, no podemos seguir esperando”, expresaron algunos de los protestantes, quienes además advirtieron que mantendrán las acciones de presión hasta obtener una solución.
Las movilizaciones incluyeron la toma de vías estratégicas, lo que generó interrupciones en el tránsito y afectaciones a conductores en varias zonas del norte del país.
El caso Koriun ha generado amplio impacto debido a la magnitud de personas involucradas. La empresa ofrecía rendimientos de hasta un 5% semanal —equivalente a un 20% mensual—, operando sin autorización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
De acuerdo con las investigaciones, el modelo de negocio consistía en captar dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, mecanismo conocido como esquema Ponzi, considerado financieramente insostenible. La compañía llegó a tener presencia en al menos siete departamentos y acumuló alrededor de 35 mil aportantes.
El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público, en conjunto con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó operativos que derivaron en el aseguramiento de oficinas de Koriun en Choloma y otras ciudades.
Durante esas acciones, las autoridades incautaron aproximadamente 358.7 millones de lempiras en efectivo, además de 69.2 millones en cuentas bancarias, así como bienes y vehículos vinculados a la empresa.
A más de un año de esas intervenciones, los afectados continúan a la espera de una resolución que les permita recuperar su dinero, mientras crece la presión social sobre las instituciones encargadas del caso.