Tegucigalpa, Honduras.— La prolongada falta de lluvias comienza a convertirse en una emergencia cada vez más severa para decenas de municipios de Honduras, particularmente en el denominado Corredor Seco, donde autoridades locales reportan pérdidas totales de cultivos, agotamiento de fuentes de agua y un creciente riesgo de inseguridad alimentaria.
La situación se mantiene bajo vigilancia de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), que elevó a Alerta Amarilla a 75 municipios debido al déficit hídrico, mientras otros 49 permanecen en Alerta Verde. Además, 113 municipios se encuentran bajo vigilancia meteorológica ante la evolución de las condiciones secas.
El escenario resulta especialmente preocupante en comunidades donde la agricultura de subsistencia constituye la principal fuente de alimentos e ingresos. En varias localidades del centro y sur del país, productores aseguran que las lluvias no fueron suficientes para completar los ciclos de siembra de maíz y frijol.
Alubarén pierde sus cosechas
En Alubarén, Francisco Morazán, el impacto es prácticamente total. El vicealcalde Edwin Reyes informó que el municipio perdió el 100 % de sus cosechas, luego de que los cultivos apenas lograran desarrollarse antes de secarse por la falta de humedad.
La pérdida golpea directamente a unas 1,800 familias, cuya economía depende en gran medida de la agricultura de subsistencia.
La escasez también alcanza el agua para consumo humano. Comunidades que anteriormente contaban con abastecimiento con mayor frecuencia ahora pueden permanecer hasta 15 días sin recibir agua, mientras otras reciben el servicio con intervalos de entre tres y hasta 15 días.
Ante este panorama, las autoridades municipales han solicitado al Gobierno acelerar la asistencia para las familias más vulnerables y advirtieron que, si las condiciones continúan deteriorándose, podría ser necesario elevar el nivel de alerta.
Curarén enfrenta inseguridad alimentaria
Una situación similar se registra en Curarén, Francisco Morazán, donde el alcalde Franklin Cruz Videa reportó la pérdida del 100 % de los cultivos de granos básicos.
La falta de agua ha obligado a familias de comunidades afectadas a buscar el recurso desde horas de la madrugada, mientras las fuentes utilizadas tradicionalmente para consumo humano se encuentran considerablemente disminuidas.
El alcalde estimó que entre 70 % y 80 % de la población de las zonas más afectadas enfrenta problemas de inseguridad alimentaria, con familias que ya tienen dificultades para garantizar sus tres comidas diarias.
La crisis también alcanza al sector ganadero, debido a la falta de agua y alimento para los animales. Las autoridades locales consideran que la asistencia alimentaria recibida anteriormente ya no es suficiente para cubrir las necesidades actuales.
Entre las solicitudes planteadas al Gobierno figuran la perforación de pozos, construcción de represas y la autorización de recursos de inversión para atender la emergencia.
El problema se extiende por el sur
La preocupación no se limita a Francisco Morazán. Municipios de Choluteca, Valle y El Paraíso también han reportado graves afectaciones.
En San Antonio de Flores, El Paraíso, autoridades municipales denunciaron recientemente la pérdida de la totalidad de las cosechas de maíz y frijol, además de afectaciones al ganado por la falta de agua.
En Choluteca, el Gobierno comenzó la entrega de asistencia alimentaria a más de 15,000 familias afectadas por la sequía, una respuesta que busca contener el deterioro de las condiciones alimentarias en el Corredor Seco.
La situación amenaza con trasladarse también a los mercados. Organizaciones y productores advierten que una menor cosecha de granos básicos puede generar mayor dependencia de las importaciones y presionar al alza los precios de alimentos esenciales.
El Niño mantiene la presión climática
El deterioro de las condiciones coincide con el desarrollo de un nuevo episodio de El Niño. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó en junio que existía un 80 % de probabilidad de que el fenómeno se estableciera entre junio y agosto de 2026 y señaló que la probabilidad de persistencia hasta noviembre rondaba o superaba el 90 %.
La actualización climática de julio indicó además que el fenómeno avanzaba rápidamente hacia una fase fuerte durante el período julio-septiembre, con modelos que proyectaban un promedio cercano a 2 °C de anomalía en el Pacífico ecuatorial para ese trimestre.
Para Honduras, el principal riesgo está relacionado con la combinación de temperaturas elevadas y períodos prolongados de déficit de lluvia, condiciones que pueden agravar la disponibilidad de agua, reducir la productividad agrícola y aumentar la presión sobre los sistemas de abastecimiento.
Agua, alimentos y energía: una crisis que puede multiplicarse
La sequía no solo afecta a quienes viven directamente de la agricultura. La reducción de las fuentes de agua también amenaza la ganadería y otras actividades productivas, mientras que los menores niveles de los embalses pueden complicar la generación hidroeléctrica.
Una menor disponibilidad de generación hídrica puede incrementar la necesidad de recurrir a generación térmica, con posibles repercusiones sobre los costos del sistema eléctrico.
Así, el problema adquiere varias dimensiones: menos agua para las comunidades, menos producción en el campo, mayor presión sobre los precios de los alimentos y mayores dificultades para garantizar el suministro energético.
Las autoridades municipales reclaman que la respuesta no se limite a entregas puntuales de alimentos, sino que incluya soluciones para garantizar agua a mediano y largo plazo, como pozos, reservorios y sistemas de almacenamiento.
Mientras Copeco mantiene el monitoreo y las instituciones preparan nuevas acciones de asistencia, el llamado desde las comunidades es cada vez más urgente: la sequía ya no representa únicamente una amenaza para las próximas cosechas, sino un problema que está afectando la alimentación, el agua y los ingresos de miles de familias hondureñas.
La crisis del Corredor Seco pone a prueba la capacidad del Estado para responder antes de que la emergencia alimentaria y la escasez de agua alcancen una dimensión todavía mayor.