El modelo de seguridad impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, gana terreno en América Latina, donde distintos gobiernos han anunciado o iniciado proyectos de construcción de megacárceles inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Sin embargo, la expansión de esta estrategia también despierta cuestionamientos sobre su eficacia, los costos y las posibles violaciones a los derechos humanos.
Desde 2023, al menos siete países de la región han anunciado o comenzado proyectos penitenciarios de gran capacidad: Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala. De acuerdo con un análisis de InSight Crime, se han identificado 16 proyectos de megacárceles en diez países latinoamericanos.
La apuesta responde al aumento de la violencia y al avance de organizaciones criminales, factores que han llevado a distintos gobiernos a buscar respuestas contundentes frente a la inseguridad. El modelo salvadoreño se presenta como una alternativa para aislar a integrantes de pandillas y limitar su capacidad de operar desde los centros penitenciarios.
Costa Rica, Ecuador y Paraguay avanzan con nuevos centros
Costa Rica inauguró en octubre de 2026 el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una instalación penitenciaria con capacidad para 5,100 personas privadas de libertad, diseñada tomando como referencia el CECOT salvadoreño.
En Ecuador, la prisión de máxima seguridad El Encuentro comenzó a recibir internos en noviembre de 2025, mientras que el Gobierno anunció otro establecimiento con capacidad proyectada para 15,000 reclusos.
Paraguay también puso en funcionamiento el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, destinado a internos de alta seguridad. Por su parte, Argentina construye el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil, conocido como «El Infierno».
Honduras también observa el modelo salvadoreño
Honduras figura entre los países que han contemplado la construcción de una prisión de gran capacidad inspirada en la experiencia de El Salvador. La propuesta de una megacárcel para 20,000 personas ya había sido anunciada durante la administración anterior y el modelo continúa presente en el debate nacional sobre seguridad penitenciaria.
Las autoridades hondureñas también han mostrado interés en conocer el funcionamiento del CECOT y sus mecanismos de control, aislamiento y administración penitenciaria.
Las críticas por derechos humanos y la eficacia del modelo
Pese a su popularidad política, la estrategia enfrenta cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas en seguridad, quienes advierten que construir cárceles de gran tamaño no garantiza por sí solo la reducción del crimen organizado.
Human Rights Watch ha señalado denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos durante el régimen de excepción aplicado en El Salvador desde marzo de 2022. También ha advertido sobre el riesgo de que las prisiones se conviertan en espacios desde los cuales las organizaciones criminales mantengan sus operaciones.
Otro de los cuestionamientos es que las estructuras delictivas de países como Ecuador, Colombia y Brasil tienen características distintas a las pandillas territoriales salvadoreñas, por lo que replicar una misma estrategia podría no producir resultados similares.
Además, los expertos advierten que las megacárceles requieren inversiones elevadas, personal especializado, controles contra la corrupción y programas de rehabilitación para evitar que el sistema penitenciario termine fortaleciendo las mismas organizaciones que busca combatir.
Así, mientras varios gobiernos latinoamericanos apuestan por la construcción de centros de máxima seguridad como símbolo de su ofensiva contra el crimen, permanece abierto el debate sobre si estas instalaciones representan una solución sostenible o una respuesta de impacto político frente a problemas de seguridad mucho más complejos.


