Este fin de semana se reportó el saqueo de 98 viviendas ubicadas en el complejo turístico Eco Beach, propiedad de inversionistas canadienses, las cuales habrían quedado completamente destruidas, según información preliminar.
De acuerdo con los primeros reportes, pobladores de la zona habrían sido los responsables de ejecutar estos actos de vandalismo.
Ante la situación, el medio Diario La Tribuna consultó al director ejecutivo de la Plataforma Nacional de Pobladores Negros de Honduras (Plataforma Nacional de Pobladores Negros de Honduras), Allan Bernardez, quien ofreció detalles sobre lo ocurrido.
Bernardez indicó que la organización tuvo conocimiento del hecho a través de información que circulaba en redes y grupos de mensajería, por lo que procedieron a verificar la veracidad de los reportes.
Asimismo, señaló que hasta el momento no se cuenta con una fecha exacta del inicio de los saqueos, considerando que un hecho de esta magnitud, que involucra más de 90 residencias, no pudo haberse ejecutado en un solo día.
La plataforma también emitió un comunicado en el que expresa desconocer cuándo comenzaron exactamente estos hechos, al tiempo que advierte que una acción de esta naturaleza requiere de un proceso prolongado.
Bernardez relacionó el origen de estos conflictos con dinámicas sociales y políticas previas, señalando que durante el gobierno anterior del Partido Libertad y Refundación (Libre) se habrían generado condiciones que propiciaron la ocupación de tierras por parte de diversos grupos, bajo el argumento de derechos históricos.
Añadió que situaciones similares han ocurrido en zonas de la costa Atlántica, como en comunidades garífunas.
Según su planteamiento, algunos de estos grupos, al no contar con el respaldo que anteriormente percibían, habrían abandonado ciertos terrenos, dejando propiedades afectadas o vacías. No obstante, enfatizó que el respeto al orden legal debe prevalecer y aplicarse de manera equitativa para todos los ciudadanos, sin distinción de ningún tipo.
El representante de la plataforma afirmó que han presentado propuestas al nuevo gobierno desde hace aproximadamente dos meses, con la expectativa de que se adopten medidas que contribuyan a la estabilidad y solución de los conflictos en comunidades garífunas y zonas afectadas.