San Salvador. Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 29 años que fue deportado en marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) por un presunto “error administrativo”, ya se encuentra de regreso en Estados Unidos, según reportó el medio estadounidense ABC News.
El caso de Ábrego generó controversia internacional luego de que fuera enviado a una de las cárceles de máxima seguridad de El Salvador, a pesar de existir una orden judicial en EE. UU. que prohibía su deportación.
Diversos sectores han denunciado posibles violaciones al debido proceso y falta de transparencia en el acuerdo bilateral que permitió su traslado.
Enfrenta cargos en EE. UU.
De acuerdo con ABC News, Ábrego enfrenta ahora cargos criminales en una corte federal de Tennessee.
Una acusación formal, lo vincula con una presunta conspiración que se extendió durante una década para transportar migrantes indocumentados desde Texas hacia otras partes del país.
La investigación sugiere que el salvadoreño habría facilitado el traslado de miles de personas, incluidos niños, y que entre ellos se encontraban presuntos miembros de la pandilla MS-13.
Las fuentes citadas por el medio aseguran que el caso sigue siendo sensible y está rodeado de medidas de confidencialidad.
Polémica por su deportación
Ábrego fue deportado el pasado 16 de marzo y, desde entonces, estuvo recluido en el CECOT, una prisión creada por el gobierno de Nayib Bukele para encarcelar a supuestos pandilleros bajo el régimen de excepción.
Su traslado ha sido duramente criticado por congresistas demócratas, organizaciones de derechos humanos y entidades internacionales.
Las críticas se centran en la supuesta ilegalidad de su deportación, ejecutada a pesar de una orden judicial contraria, así como en la opacidad del acuerdo entre las administraciones de Donald Trump y Nayib Bukele, que permitió la transferencia de migrantes acusados sin pruebas formales de nexos con el crimen organizado o el terrorismo.
Tensión diplomática y presión judicial
El regreso de Ábrego a territorio estadounidense se produce luego de que una jueza federal otorgara a la administración Trump plazo hasta el pasado 4 de junio para justificar la reserva de información relacionada con el caso.
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Este incidente ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump y la cooperación entre gobiernos para tratar casos relacionados con seguridad y migración.