Tegucigalpa, Honduras. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de inconstitucionalidad presentado por el exfiscal general Johel Antonio Zelaya Álvarez contra disposiciones relacionadas con la Ley Especial de Juicio Político, abriendo una nueva etapa en la controversia jurídica por el procedimiento que derivó en su salida del Ministerio Público.
La acción legal cuestiona el artículo 234 de la Constitución de la República y varias disposiciones del Decreto Legislativo No. 51-2013, normativa que regula el juicio político en Honduras.
Sin embargo, la resolución judicial no representa una declaración de inconstitucionalidad ni anula las disposiciones impugnadas. La admisión únicamente permite que los argumentos presentados sean examinados conforme al procedimiento correspondiente.
HOY SE ABRE UNA NUEVA ETAPA EN LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN.
He sido notificado de la admisión del recurso de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley Especial de Juicio Político. La Sala Constitucional ha admitido examinar una impugnación que sostiene que se nos aplicó una normativa contraria a la Constitución, vulnerando nuestros derechos y las garantías del Estado de derecho.
Esto no es una sentencia definitiva, pero sí abre la puerta al debate constitucional que hemos exigido. La verdad jurídica debe prevalecer sobre los intereses políticos.
Cada día queda más claro por qué es indispensable esclarecer si aquellos juicios políticos respondieron a una verdadera exigencia de responsabilidad o si fueron utilizados para apartar del camino a quienes les estorbaban.
Y quienes creyeron que prestarse a esas maniobras los dejaría a salvo, (facción del Partido Liberal) hoy enfrentan sus propias dificultades por hacer comparsa. La historia termina poniendo a cada quien frente a las consecuencias de sus actos.
Seguimos de pie, con la frente en alto. Mi nombre no aparecerá en una corte de Nueva York por vínculos con el narcotráfico, ni encontrarán cuentas bancarias ocultas en el extranjero, ni testaferros, mucho menos caletas de dinero.
— Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) October 28, 2026
Sala rechaza suspensión provisional
Además de admitir el recurso, la Sala de lo Constitucional declaró inadmisible uno de los planteamientos por defectos de forma y rechazó la solicitud de suspensión provisional del curso de la causa principal.
Estas determinaciones delimitan el alcance de la resolución inicial, ya que el órgano judicial todavía debe abordar el fondo de los cuestionamientos constitucionales que fueron admitidos para su análisis.
Por consiguiente, la decisión no supone que los magistrados hayan respaldado los argumentos de Zelaya ni que hayan determinado que las disposiciones legales cuestionadas contradicen la Constitución.
Johel Zelaya cuestiona el juicio político
El exfiscal general sostiene que las disposiciones aplicadas durante el procedimiento en su contra vulneraron garantías constitucionales y principios relacionados con el debido proceso.
Zelaya comunicó públicamente la admisión del recurso y señaló que continuará defendiendo su posición por las vías legales. También ha cuestionado las motivaciones políticas que, a su criterio, rodearon los procesos de juicio político en el país.
El caso se remonta a marzo de 2026, cuando el Congreso Nacional aprobó su destitución tras un procedimiento de juicio político y designó a Pablo Emilio Reyes Theodore para ocupar la titularidad del Ministerio Público durante el resto del período correspondiente.
La controversia ha dado lugar a distintas acciones judiciales promovidas por el exfuncionario, quien busca cuestionar las decisiones adoptadas en su contra.
¿Qué sigue en el proceso?
Con la admisión parcial del recurso, la Sala de lo Constitucional deberá continuar el trámite correspondiente y examinar los argumentos que superaron el análisis inicial de admisibilidad.
La decisión definitiva será la que determine si las disposiciones impugnadas se ajustan o no a la Constitución de la República.
Mientras tanto, el rechazo de la suspensión provisional significa que no se concedió la medida solicitada en esta etapa procesal.
El expediente mantiene relevancia en el debate jurídico y político hondureño, particularmente por las implicaciones de la Ley Especial de Juicio Político y los límites constitucionales de los procedimientos para exigir responsabilidad a determinados funcionarios públicos.