Este miércoles, Francisco Roberto Cosenza Centeno enfrenta un momento clave en su proceso judicial al presentarse ante la Corte del Distrito Sur de Florida para admitir su responsabilidad en un esquema de sobornos y lavado de dinero que involucró recursos destinados a la seguridad pública de Honduras.
La audiencia comenzó a las 10:00 a.m. ante el juez Edwin G. Torres, y con esta declaración la Corte podrá programar la audiencia de sentencia, donde se definirá la pena que deberá cumplir.
La admisión de culpabilidad también fortalece el caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra otros implicados en la red.
Según la acusación, el esquema comenzó en 2015 cuando la Tasa de Seguridad Poblacional adjudicó a Georgia Company 1, dirigida por el estadounidense Carl Alan Zaglin, un contrato de más de 4.8 millones de dólares (L.126,468,616.80) para proveer uniformes y accesorios a la Policía Nacional.
Tras la apariencia de un contrato legítimo, se ocultaba un “Acuerdo de Intermediación” que desviaba aproximadamente 25.4 % del valor del contrato hacia funcionarios hondureños.
Parte de estos fondos fueron transferidos a empresas fachada controladas por Cosenza, incluyendo la “Compañía Offshore 1” en Belice y la “Compañía de Estados Unidos 1” en Florida.
El expediente judicial detalla transferencias de cientos de miles de dólares desde cuentas en Florida hacia la cuenta 2941 en el Banco de Belice, a nombre de la empresa offshore vinculada a Cosenza.
Correos electrónicos del intermediario Luis Berkman confirman que el exfuncionario coordinó y supervisó el flujo de los sobornos.
Entre 2015 y 2017, se emitieron facturas infladas y se utilizaron múltiples cuentas para mover fondos que, según la Fiscalía, superan los 10 millones de dólares bajo contratos sospechosos.
Con esta declaración, Cosenza reconoce públicamente su participación en el esquema de corrupción, lo que compromete la imagen de Honduras y evidencia la vulnerabilidad de los recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana.
La sentencia, cuya fecha será definida por la Corte, podría incluir una condena prolongada y decomiso de bienes.
Este caso pone al descubierto cómo una red internacional de corrupción desvió fondos críticos, dejando a la población con menos protección y aumentando la desconfianza en las instituciones hondureñas.