TEGUCIGALPA. El proyecto de las reformas de energía al subsector eléctrico que se encuentra en debate en el Congreso Nacional incluye en su versión final del dictamen medidas de protección patrimonial, transparencia, subsidios focalizados, fortalecimiento institucional y participación de distintos sectores, aunque una propuesta sobre competencia económica no fue incorporada.
Proceso Digital conoció un cuadro comparativo en la que se muestra que la versión final del dictamen de la reforma eléctrica sometida al pleno del Congreso Nacional incorporó la mayoría de las observaciones y propuestas que fueron planteadas durante la socialización tanto por partidos políticos como por organizaciones empresariales, gremios técnicos y sectores de la sociedad civil.
En las conversaciones, por ejemplo, se lograron incorporar solicitudes formuladas por el Partido Liberal cuyos miembros reclamaban espacio para ampliar los candados que resguarden la empresa pública entre otros detalles en los que se consiguieron acuerdos.
PRINCIPALES CAMBIOS
Entre los principales cambios figura el fortalecimiento e inclusión de cláusulas expresas que prohíben la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como la transferencia de su propiedad, administración o activos físicos a operadores privados.
Estas disposiciones fueron impulsadas por representantes de los partidos Nacional, Liberal y Libre.
La reforma también incorpora mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El texto también establece la publicación íntegra de contratos, auditorías externas y procesos de fiscalización ciudadana, además de normas para garantizar libre competencia e igualdad de condiciones en la contratación de subsidiarias.
En materia social, el dictamen contempla una protección específica para los usuarios de bajos ingresos mediante subsidios explícitos, financiados y diferenciados en la factura eléctrica, con el objetivo de evitar incrementos tarifarios que afecten a los sectores más vulnerables.
Asimismo, la iniciativa garantiza los derechos laborales de los trabajadores de la ENEE y crea un Comité de Conducción junto con una Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento para coordinar la aplicación de la ley.
Otro de los aspectos incorporados siguiendo las recomendaciones es el fortalecimiento de la independencia de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), mediante reglas relacionadas con nombramientos escalonados, remoción por causa justificada y períodos de enfriamiento para evitar conflictos de interés.
La reforma también incorpora disposiciones para atender nuevas tecnologías vinculadas al almacenamiento de energía y mecanismos de innovación regulatoria, incluyendo espacios de prueba o “sandbox” para nuevas soluciones tecnológicas.
En el ámbito operativo, el dictamen reafirma el despacho de energía bajo criterios de mínimo costo y orden de mérito, además de establecer la participación de distintos agentes del mercado en la gobernanza del Operador del Sistema mediante una junta directiva representativa de los diferentes segmentos del sector.
El texto reconoce además la autogeneración de energía a partir de fuentes renovables y prevé la remuneración de excedentes conforme a la regulación que emita la CREE.
IMPULSO A FOSODE
Entre las medidas de fortalecimiento institucional también destacan el impulso al Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE) y la destinación de activos descargados hacia proyectos de electrificación rural.
La versión final incorpora además nuevas disposiciones orientadas a la protección del patrimonio eléctrico nacional, declarando de interés público y seguridad nacional activos estratégicos como tierras, represas, servidumbres y franjas de protección vinculadas al sistema eléctrico.
Adicionalmente, el Comité de Conducción deberá presentar informes trimestrales al Congreso Nacional sobre los avances de implementación de la reforma, mientras que varios bienes de la ENEE quedan definidos como intransferibles, inalienables y no hipotecables.
De acuerdo con el documento comparativo, de las 18 incorporaciones solicitadas por partidos políticos, empresa privada, organizaciones de la sociedad civil, gremios técnicos y sindicatos, 17 fueron incorporadas en la versión final del dictamen.
La única propuesta que no aparece reflejada en el texto final corresponde a la solicitud de emitir una opinión técnica previa de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC) sobre la estructura del mercado eléctrico.
94.4% DE CONSENSO: El proyecto incorporó 17 de las 18 observaciones planteadas durante el proceso de socialización.