La organización humanitaria REDRESS, con sede en Londres, alertó sobre un patrón creciente y alarmante de violencia sexual y basada en el género (VSBG) utilizado para reprimir protestas pacíficas en Latinoamérica.
En su primer informe sobre el tema, la ONG documentó casos de agresiones cometidas por actores estatales durante manifestaciones recientes en Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.
Entre los abusos reportados se incluyen desnudez forzada, violación, requisas invasivas, acoso sexual, tocamientos inapropiados y violaciones anales y vaginales con objetos.
REDRESS advirtió que esta represión política coincide con esfuerzos por restringir el espacio cívico, mediante criminalización de manifestantes, detenciones masivas y leyes que limitan la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.
El informe, elaborado en colaboración con la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law (AUWCL) y la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Violencia de Género (ReLeG), destacó que la violencia se dirige especialmente contra mujeres, personas LGBTIQ+ y otros grupos marginados.
REDRESS señaló que las víctimas suelen guardar silencio por vergüenza, miedo a represalias, estigma social o desconfianza en la justicia, mientras que la impunidad generalizada perpetúa el ciclo de violencia.
Además, denunció el fracaso sistémico de las autoridades para incorporar una perspectiva de género en políticas y prácticas de seguridad, en desprecio de normas internacionales y regionales de derechos humanos.
El informe recordó que la larga historia de racismo, clasismo, colonialismo y represión política en la región ha creado un escenario donde la impunidad prospera y la protesta pacífica es frecuentemente vista como amenaza, en lugar de un derecho democrático.
La directora jurídica de REDRESS, Alejandra Vicente, señaló que “la violencia sexual y de género en las protestas es una herramienta deliberada de represión política y social. Refleja una discriminación estructural profundamente arraigada, destinada a deshumanizar, silenciar y desalentar la participación de mujeres y personas de diversas orientaciones sexuales o identidades de género en la vida pública y política”.
Entre los ejemplos más recientes, el informe documenta las protestas poselectorales de 2024 en Venezuela, donde se registraron amenazas de violación, tocamientos en senos, glúteos y genitales, desnudez forzada y requisas invasivas.
También se reportaron casos de descargas eléctricas aplicadas a un hombre por su presunta oposición política, y a mujeres detenidas se les negó el derecho a amamantar.
En Colombia, durante la huelga general de 2021, organizaciones civiles documentaron múltiples casos de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo agresiones a manifestantes y periodistas durante requisas y confinamientos en celdas con riesgo de violación.
El informe subraya que estas prácticas constituyen una forma sistemática de represión que vulnera derechos humanos fundamentales y persiste en varios países latinoamericanos, evidenciando la necesidad urgente de garantías de protección, justicia y rendición de cuentas para las víctimas.
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