Atas Abdullah, ciudadano turco condenado en Rumanía por la muerte de un agente policial, logró abandonar el país y fugarse presuntamente a Turquía tras obtener un cambio en su régimen penitenciario, en un caso que ha encendido las alarmas sobre los mecanismos de control en el sistema carcelario rumano.
El hombre, apodado el “Rey de las lámparas”, cumplía una condena de 22 años y 10 meses de prisión cuando, durante su reclusión en el penal de máxima seguridad de Rahova, decidió abandonar el islam y convertirse al cristianismo ortodoxo.
Tras su bautismo, adoptó el nombre de “fratele Efrem” y comenzó a participar activamente en la vida religiosa del centro penitenciario.
De acuerdo con medios locales, Abdullah asistía con regularidad a misas y liturgias, además de integrar el coro de la iglesia del penal. En 2022 incluso participó en un acto religioso junto a otros reclusos en el que fue fotografiado con el patriarca ortodoxo Daniel.
Estas imágenes formaron parte de la documentación presentada ante la Justicia para respaldar su solicitud de cambio de régimen carcelario.
El director de la Administración Nacional de Penitenciarías, George Burcu, reconoció que el caso era visto como “exótico” dentro del sistema, pero advirtió que ahora se evalúa la posibilidad de que algunos internos estén dispuestos a “hacer cualquier cosa” para engañar a las autoridades y obtener beneficios penitenciarios.
Durante su condena, Abdullah había recibido 24 permisos de salida y en todas las ocasiones regresó al penal, lo que llevó a las autoridades a considerar que el riesgo de fuga era bajo. “En un interno que ha retornado más de veinte veces, no se podía apreciar un riesgo real de no regreso”, explicó Burcu.
Sin embargo, tras la modificación del régimen de cumplimiento de la pena, Abdullah salió de Rumanía el pasado fin de semana y no regresó.
Actualmente pesa sobre él una orden de búsqueda internacional, mientras que el Ministerio de Justicia rumano envió un equipo de inspección a la prisión de Rahova para investigar las decisiones administrativas que facilitaron su salida del país.
El caso ha reabierto el debate sobre los criterios utilizados para otorgar beneficios penitenciarios y la necesidad de reforzar los controles para evitar nuevas fugas de alto perfil.