No conocemos ninguna organización en Honduras dedicada exclusivamente a la agrupación de empresas familiares o si existen estudios sobre las necesidades que con mayor frecuencia enfrentan este tipo de compañías. Sin embargo, podemos inferir con cierto grado de certeza que estas necesidades son similares a las enfrentadas por otros negocios en el país, las cuales han sido objeto de análisis por parte de entidades gremiales y profesionales. Por eso decidimos consultar con algunos clientes y amigos sobre este tema, con el propósito de tener una visión más amplia de este segmento que tiene un peso inmenso dentro del entorno corporativo nacional.
Inicialmente, muchos directivos de empresas familiares consultados expresan la necesidad de un sistema educativo más individualizado, que ofrezca una mayor especialización de las universidades, más formación y prácticas en empresas, así como la formación dual como apuesta principal para las carreras vocacionales. Sobre esta última escribimos hace algunos años, destacando algunos sistemas que combinaban la educación formal (secundaria) con el entrenamiento vocacional, de manera que al graduarse los estudiantes que no pudiesen avanzar al nivel universitario tuvieran opciones laborales. Una mayor coordinación entre la academia y empresas ayudaría mucho en este aspecto.
En materia de capacitación técnica un reclamo permanente es el pobre rendimiento del INFOP que, a pesar de servir a muchos jóvenes, no está ni cerca de desplegar su verdadero potencial al desviar una sustancial porción de sus recursos al pago de burocracia. También existen reclamos persistentes sobre la necesidad de fomentar la cultura empresarial y emprendedora desde las escuelas, lo que permitiría un cambio de mentalidad en los jóvenes que actualmente son guiados a ser colaboradores de empresas y no creadores de nuevos emprendimientos.
Las empresas familiares, al igual que el resto de los negocios en Honduras, siguen sufriendo la tiranía de una administración pública complicada, lenta, anticuada y con actitudes contrarias a un gobierno moderno, con funcionarios que cuentan con una perturbadora discrecionalidad que generalmente conduce a situaciones contrarias a la ética. Reformar la cultura del servidor público es tarea urgente para Honduras, sobre todo mejorando su nivel de profesionalización para que, en conjunto con la simplificación y digitalización de procesos, puedan acelerar las respuestas a los usuarios. Esto sin perjuicio de una normativa procesal (administrativa) homogeneizada y sencilla, especialmente a nivel municipal.
La simplificación del marco regulatorio dejaría múltiples beneficios pues es precisamente en esos trámites enredados y dilatados donde se esconde la peor corrupción, la que los empresarios y ciudadanos viven a diario, la que le cuesta recursos valiosos a quienes luchan por sacar adelante sus emprendimientos, siendo las MIPYMES las que más sufren estos costos adicionales. En este contexto, la simplificación se convierte en una eficaz herramienta anti-corrupción.
Otro reclamo común de las empresas familiares es el acceso al crédito bancario, especialmente porque al no contar con este se ven en la necesidad de recurrir a financiamientos excesivamente caros, como las tarjetas de crédito o los prestamistas, con tasas de interés que tornan inviable cualquier negocio. En este segmento hay mucho que analizar desde la perspectiva de los entes supervisores pues son quienes, en buena medida, establecen requisitos difíciles de cumplir para empresas nacientes o sin posibilidades de otorgar garantías reales.
Sin duda que la flexibilidad en las normas laborales ayudaría enormemente a las empresas familiares, especialmente en cuanto a modalidades de contratos por tiempo definido, obra o servicio, así como nuevos mecanismos de contratos a tiempo parcial, lo que ha pasado a ser complicado con la eliminación de la Ley de Empleo por Hora. Una alternativa interesante sería la de permitir contratos en los que el tiempo efectivo de trabajo se pueda distribuir durante el transcurso del año, según las necesidades de producción o de ventas de la empresa.
Las empresas familiares también resienten la enrome carga tributaria, particularmente con impuestos que resultan excesivamente gravosos como la “tasa de seguridad” que castiga las operaciones bancarias o algunas tasas municipales que no tienen ningún beneficio tangible y que carecen de una justificación reglamentaria. Exonerar a las empresas familiares del pago de esos impuestos descomunales y concederles otros incentivos durante su etapa de consolidación (por lo menos los primeros tres años), sería devuelto con creces al mismo Estado. Las empresas familiares son el motor de nuestra economía, cualquier acción que las fortalezca será de beneficio a todo el país.
