La comisión interventora encargada de evaluar el funcionamiento de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) reveló una serie de hallazgos administrativos, operativos y técnicos que derivaron en la decisión del Estado de ordenar el cierre definitivo de esta unidad policial.
El informe oficial fue presentado este viernes por el viceministro de Seguridad, Masil Marín Aguilar Amaya, quien explicó que el proceso de revisión incluyó análisis técnico, administrativo y operativo, identificando posibles fallas institucionales, responsabilidades administrativas y eventuales conductas delictivas atribuidas a mandos y personal de la dependencia.
Entre los principales señalamientos destacan el incumplimiento de protocolos de control y registro de operaciones, así como deficiencias en la planificación de misiones policiales.
El documento también detalla presuntos actos de negligencia y posibles omisiones en la supervisión de una operación desarrollada en Corinto, Cortés, donde fueron asesinados cinco agentes policiales.
La comisión interventora también detectó la ausencia de evaluaciones de riesgo operativo, falta de medidas de seguridad adecuadas y omisiones en la comunicación de información clave a los mandos superiores durante el desarrollo de varias operaciones.
Uno de los puntos más relevantes del informe indica que el equipo que participó en la misión en Corinto no contaba con orden judicial para ejecutar allanamientos, ni cumplió con los procedimientos legales y administrativos requeridos, incluyendo la elaboración de formularios operativos y la coordinación con otras unidades policiales.
Asimismo, se estableció que la operación no se dirigía inicialmente al departamento de Colón, como se había planteado en la planificación oficial, sino que desde el inicio tenía como destino el sector de Corinto, en Cortés.
El documento también expone presuntas irregularidades en el manejo de informantes, administración de información sensible y conducción de operaciones especiales, además de señalar denuncias acumuladas durante la vigencia del estado de excepción.
Ante estos hallazgos, la Secretaría de Seguridad notificó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que determinó el cierre definitivo de la Dipampco y el inicio de un proceso de transición institucional.
Como parte de la reestructuración, las funciones, recursos y operaciones serán trasladadas a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mientras se avanza en la creación de una nueva unidad especializada para el combate de estructuras criminales y delitos como la extorsión.
El informe será remitido al Ministerio Público y a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) para que se determine la posible responsabilidad individual de los implicados.
Finalmente, las autoridades informaron que todo el personal de la extinta unidad será sometido a pruebas de confianza, evaluación de desempeño y procesos de certificación antes de una eventual reasignación dentro de la Policía Nacional.
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