La muerte de un hombre tras un incidente con un perro de raza pitbull en Tegucigalpa vuelve a poner en discusión la responsabilidad de quienes tienen bajo su cuidado animales que pueden representar un riesgo para otras personas.
El abogado Olban Coello explicó a Diario El País que, desde el punto de vista legal, la responsabilidad no debe analizarse únicamente a partir de la raza del perro, sino también de las condiciones en las que era mantenido y de las medidas adoptadas por su propietario.
En Honduras está vigente desde 2015 la Ley de Protección y Bienestar Animal, normativa que establece el principio de tenencia responsable y contempla obligaciones para las personas que mantienen animales bajo su cuidado, especialmente cuando estos pueden representar algún peligro para terceros.
Coello señaló que la legislación nacional no establece una prohibición general de determinadas razas en todo el territorio hondureño. Sin embargo, explicó que también deben tomarse en cuenta las regulaciones establecidas por las municipalidades.
¿Qué ocurre en Tegucigalpa?
En el caso del Distrito Central, existe una Ordenanza Municipal de Prohibición, Registro y Control de Perros Potencialmente Peligrosos, emitida en 2003.
De acuerdo con el abogado, esta normativa contempla restricciones para determinadas razas, entre ellas American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier y Dogo Argentino, además de sus cruces.
La aplicación y control de estas disposiciones corresponde al ámbito municipal, por lo que la discusión también alcanza la capacidad de las autoridades locales para mantener registros y ejercer controles sobre este tipo de animales.
También existen disposiciones en San Pedro Sula
Coello indicó que en San Pedro Sula existen disposiciones municipales relacionadas con la tenencia y circulación de perros considerados peligrosos o agresivos.
Estas normas establecen medidas de seguridad que deben cumplir los propietarios para reducir el riesgo de que los animales puedan causar daños a otras personas.
El abogado consideró que, jurídicamente, no basta con determinar qué raza tenía el perro involucrado en un incidente.
A su criterio, también es necesario establecer quién tenía la responsabilidad sobre el animal, bajo qué condiciones lo mantenía y si tomó las medidas necesarias para evitar que pudiera causar daños a terceros.
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Responsabilidad de los propietarios
Coello explicó que la tenencia de un animal implica una responsabilidad y que, cuando esta obligación es incumplida y se produce un daño, pueden generarse consecuencias administrativas, civiles e incluso penales, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.
Ante el reciente incidente ocurrido en Tegucigalpa, el profesional del derecho consideró que la discusión debería ir más allá de una determinada raza y centrarse también en la aplicación efectiva de las normas existentes.
En ese sentido, planteó la necesidad de revisar si las disposiciones vigentes están siendo aplicadas correctamente y si las municipalidades cuentan con mecanismos de control efectivos.
«La discusión no debería comenzar después de una tragedia, sino antes de que ocurran», sostuvo Coello.
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