Una iniciativa presentada ante el Congreso Nacional busca modificar la distribución de los ingresos provenientes de las multas de tránsito en Honduras, mediante la transferencia del 12% de lo recaudado a las municipalidades donde se cometan las infracciones.
La propuesta legislativa pretende que los gobiernos locales dispongan de recursos económicos para fortalecer la seguridad vial, mejorar la señalización de las calles y desarrollar campañas de educación dirigidas a conductores y peatones.
El proyecto contempla reformas a los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Tránsito, así como la incorporación de un nuevo artículo 15-A, con el propósito de establecer un mecanismo de descentralización de estos fondos.
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Ramiro Lobo, representante de Olancho, explicó que el dinero transferido deberá utilizarse exclusivamente en acciones de prevención de accidentes.
Entre los destinos establecidos figuran la instalación de señalización vertical, la demarcación de carreteras y calles, además de programas de educación vial para fomentar una mayor responsabilidad entre los usuarios de las vías públicas.
El planteamiento cobra relevancia ante el aumento de la siniestralidad vial. Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), hasta el 16 de octubre se contabilizaban 15,730 accidentes de tránsito y 1,599 personas fallecidas. Posteriormente, el 24 de octubre, la subinspectora Riccy Montoya informó que la cifra de víctimas mortales había aumentado a 1,634, superando incluso el registro de todo 2025.
Lobo sostuvo que la participación de las alcaldías permitiría complementar los operativos de prevención y control que actualmente desarrolla la DNVT, especialmente en zonas donde se requiere mejorar la infraestructura y las condiciones de circulación.
La iniciativa también contempla controles para evitar el uso indebido de los recursos públicos. Entre los criterios establecidos figuran la identificación territorial de los fondos, la transparencia administrativa, la rendición de cuentas y la fiscalización.
Por el momento, se trata de una propuesta presentada ante el pleno legislativo, por lo que deberá continuar el proceso correspondiente antes de convertirse en una reforma vigente de la Ley de Tránsito.