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lunes, abril 29, 2024

Prisión preventiva para abogada implicada en el ingreso de casi medio millón de lempiras a “La Tolva”

Tegucigalpa. En audiencia inicial celebrada este miércoles, el juez que lleva la causa dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva a la abogada Diana Gissela Zelaya Banegas, implicada en el ingreso de casi medio millón de lempiras a la cárcel “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso.

Por esa razón, la profesional del derecho responde a cargos por lavado de activos.

La abogada permanecerá recluida en la cárcel de mujeres ubicada en Támara.

Zelaya Banegas enfrenta cargos luego que presuntamente entregó los 445 mil lempiras al director del centro penitenciario “La Tolva”, Rodimiro Arita.

A quien el juez le dictó un auto de formal procesamiento, junto al asesor penitenciario.

Según la investigación, la abogada habría sido la encargada de entregarle el dinero al coronel Rodimiro Arita.

Dicho dinero, responde a una recolecta de familiares para la celebración de Navidad y Año Nuevo, de acuerdo a la parte defensora.

Prisión preventiva para abogada

La acusación del MP

El Ministerio Público ordenó el miércoles la detención preventiva contra el coronel José Rodimiro Arita, jefe del Centro Penitenciario de Morocelí (La Tolva).

Quien luego de las diligencias investigativas se presentó el requerimiento fiscal por los delitos lavado de activos y violación a los deberes de los funcionarios.

Todo lo anterior obedece a indagaciones relacionadas a contribución con maras y pandillas en una aparente entrega de casi medio millón de lempiras vinculada a los privados de libertad.

Lea también: Prisión preventiva para Coronel Arita y apoderado legal de “La Tolva”

Según la fiscalía, se investigará el origen del dinero, quién lo llevó hasta el centro penal, a quién iba dirigido.

Asimismo, si se pretendía lavar como producto de las extorsiones; cabe mencionar que en el centro penal de Morocelí sólo miembros de la mara 18, guardan prisión.

De acuerdo a registros, no es la primera vez que se llevan grandes cantidades de dinero a ese centro penal.

En ese contexto, las autoridades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), determinaron que se pusiera a la orden de la Fiscalía tanto al coronel como al abogado para continuar las investigaciones.

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