Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó con dispensa de dos debates la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, una normativa que busca reforzar las herramientas legales del Estado para combatir el crimen organizado en el país.
De acuerdo con el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, la iniciativa recibió 118 votos a favor, mientras que 10 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) se abstuvieron.
La nueva legislación tiene como objetivo fortalecer la investigación, persecución, juzgamiento y sanción de las organizaciones criminales, además de combatir los mecanismos que utilizan para intimidar a la población, ejercer control territorial y desafiar la autoridad estatal.
Penas de hasta prisión perpetua
Entre los cambios más relevantes figura el endurecimiento de las condenas por asociación terrorista. La normativa establece penas de entre 30 y 40 años de prisión para integrantes de estas estructuras, mientras que las sanciones para cabecillas, directivos, promotores y financistas podrían alcanzar desde 40 años hasta prisión perpetua, según las condiciones previstas en la ley.
Las reformas también contemplan la prisión perpetua para determinados casos de asesinato de integrantes de instituciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o del sector justicia, cuando el crimen esté relacionado con el ejercicio de sus funciones.
Cambios en los procedimientos judiciales
La ley incorpora modificaciones al Código Procesal Penal para ampliar las herramientas de investigación de las autoridades. Entre las disposiciones figura la posibilidad de realizar allanamientos sin autorización judicial previa en circunstancias excepcionales de urgencia, bajo las condiciones establecidas en la normativa y con intervención del Ministerio Público.
Asimismo, se amplía a 48 horas el plazo para poner a disposición judicial a personas detenidas por determinados delitos, entre ellos asociación terrorista, tráfico de drogas, secuestro y extorsión.
Otra de las medidas establece la prisión preventiva obligatoria para los imputados por asociación terrorista, con restricciones a la sustitución de esta medida por otras alternativas, de acuerdo con las disposiciones aprobadas.
Nuevas medidas en los centros penitenciarios
La normativa también introduce cambios en el sistema penitenciario hondureño, con medidas orientadas a reforzar la seguridad y el control de los privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
Entre las disposiciones se contempla la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria para custodiar módulos de máxima seguridad, realizar traslados de alto riesgo y responder ante motines o intentos de fuga.
Además, se prevé el uso obligatorio de identificación biométrica para privados de libertad, visitantes, abogados defensores y personal institucional que ingrese a estos módulos.
Control de símbolos y grafitis
Otro aspecto de la ley está relacionado con la eliminación de grafitis, dibujos y símbolos asociados con estructuras criminales, utilizados para intimidar a los habitantes o marcar territorios bajo su influencia.
Las autoridades de seguridad podrán intervenir en espacios públicos y de libre acceso conforme a los procedimientos establecidos. En propiedades privadas, los responsables tendrán un plazo de 24 horas para retirar las expresiones señaladas, antes de que las autoridades puedan proceder según lo dispuesto en la normativa.
La ley también establece que los tatuajes, signos y símbolos característicos podrán considerarse elementos de prueba para determinar la pertenencia a estas organizaciones, siempre que su valoración se sustente en peritajes especializados o mecanismos reconocidos por las autoridades competentes.
Aplicación de la nueva normativa
La aprobación representa un nuevo endurecimiento del marco legal hondureño contra las maras, pandillas y otras estructuras del crimen organizado.
No obstante, la aplicación de las disposiciones dependerá de los procedimientos legales correspondientes y de la entrada en vigor del decreto, prevista a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Con estas reformas, el Congreso Nacional busca ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y justicia frente a las organizaciones criminales que operan en Honduras.