La cercanía de las elecciones generales en Honduras, previstas para el 30 de noviembre, se ve marcada por una creciente incertidumbre debido a diferencias internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), donde cada consejero y magistrado responde a intereses partidarios, según expertos y observadores.
A esta situación se suma la presión del Ministerio Público, acusado de favorecer al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), que mantiene amenazados de cárcel a una consejera del CNE y a dos magistrados del TJE. Esto eleva los riesgos de interferencia política directa en organismos que deberían actuar con imparcialidad.
Además, la injerencia de los militares ha generado alarma. Por ley, las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas, obedientes y no deliberantes, pero el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, solicitó al CNE que le entreguen el acta del escrutinio de la fórmula presidencial el día de las elecciones, un hecho calificado como “injerencia” por la consejera presidenta Ana Paola Hall.
Reacción de la comunidad internacional
El escenario electoral ha generado alertas internacionales. La ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Transparencia Internacional y Estados Unidos han expresado su preocupación por la erosión de la independencia institucional en un proceso electoral donde el oficialismo busca un segundo mandato consecutivo, mientras la oposición apunta a expulsarlo del poder.
La Secretaría General de la OEA indicó que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”, y que “su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática”.
Desde Ginebra, tres relatores de la ONU destacaron la polarización política, las amenazas a la libertad de expresión y los riesgos para defensores de derechos humanos, subrayando que Honduras “debe garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes”.
Por su parte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, señaló que Washington comparte la preocupación de la OEA y “sigue de cerca la situación”.
Además, exhortó a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y militares, a “respetar escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras” y advirtió que responderán “con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras”.
Contraste con declaraciones oficiales
A pesar de estas advertencias, la presidenta Xiomara Castro reiteró la semana pasada en Brasil que en Honduras habrá elecciones “libres y transparentes”.
Sin embargo, observadores internacionales describen un panorama diferente, marcado por campañas de odio entre oficialismo y oposición que deterioran la independencia electoral.
Analistas señalan que el poder y la oposición buscan controlar la percepción pública y mitigar el impacto reputacional de Honduras en el exterior, un país históricamente asociado a democracias vulnerables.
Desde 2009, el país ha vivido crisis acumuladas: el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, la reelección cuestionada de Juan Orlando Hernández —quien fue extraditado a EE. UU. y sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico— y ahora la polarización institucional de cara a nuevas elecciones.
El analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía afirma que “las crisis en Honduras son condicionadas e intencionadas por parte de la élite política, de todos los partidos, con el fin de profundizar la desconfianza en la institucionalidad”, un fenómeno que calificó como “grave y peligroso para la democracia”.
En este contexto, la observación internacional y la presión ciudadana parecen ser factores clave para garantizar que los comicios del 30 de noviembre se realicen de manera libre, transparente y bajo normas de imparcialidad, en un país donde la institucionalidad democrática ha mostrado vulnerabilidades históricas.