“Se espera, naturalmente, que en un espacio como este mis palabras se concentren en las reformas electorales” … Ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall en las últimas horas.
“Sin embargo, en el momento histórico que vive Honduras, no me resulta posible dirigirme a ustedes sin referirme, aunque sea brevemente, a lo ocurrido en las Elecciones Generales de 2025”.
Presidenta CNE: Enfrentamos un entramado articulado sin límites para interferir y secuestrar el proceso electoral
Porque cualquier discusión seria sobre reformas debe partir de una verdad incómoda:
El mayor desafío de ese proceso no estuvo en la letra de la ley, sino en la conducta de quienes intentaron vulnerarla.
Tampoco el problema central fue que la Constitución o la Ley, fueron insuficientes. Porque, como siempre, resultaron una alta barrera de contención.
El núcleo central de lo que enfrentamos esta vez fue distinto: Un entramado de acciones articuladas, sin límites éticos ni institucionales, orientadas a interferir, a secuestrar el proceso electoral.
El mundo observó lo que ocurrió en Honduras. Basta recordar algunos titulares de la prensa internacional:
- “Presidente del Congreso rechaza resultados y denuncia un ‘golpe electoral’ en Honduras”
- “Líderes oficialistas desconocen resultados y agravan la crisis política tras elecciones”
- “Oposición acusa al oficialismo de intentar aferrarse al poder y promover un ‘autogolpe’”
- “Congreso hondureño instala órgano alterno y desata acusaciones de deriva autoritaria”
- “El oficialismo retrasa la transición y eleva la tensión política en Honduras”
En síntesis, la comunidad internacional percibió:
- Un Congreso Nacional como actor central de la crisis,
- Un choque entre instituciones del Estado,
- Un oficialismo rechazando resultados,
- Y una creciente preocupación por la estabilidad democrática del país.
Pero la realidad fue aún más compleja.
No se trataba simplemente de un conflicto entre instituciones. Lo que vivimos fue un ataque del sistema estatal intentando someter al órgano electoral.
No se trataba de un órgano electoral dividido por diferencias legítimas. La mayoría del Pleno vivía las constantes maniobras internas de la minoría del pleno, orientadas a obstaculizar el proceso.
En el plano externo, enfrentamos hechos que nunca debieron ocurrir en una democracia:
- La emisión de órdenes ilegales de aprehensión contra autoridades electorales (MP).
- La necesidad de resguardar la libertad personal de ambas Consejeras para poder cumplir con el deber institucional
- El uso indebido de garantías constitucionales (Hábeas Corpus) por parte de instituciones del Estado (PGR).
- La paralización deliberada de etapas clave del proceso electoral como el escrutinio especial. (estos escrutinios se realizan por personal propuesto por Partidos Políticos. Las irregularidades de los escrutinios especiales en EG 2025, fueron realizadas por personas propuestas por un Partido y un sector de recién ingreso a otro Partido).
- Episodios de violencia en el Centro Logístico Electoral.
- Órdenes ilegales emanadas desde el ex titular del Legislativo y su ilegal Comisión Permanente.
- Campañas de desinformación y odio articuladas y ejecutadas desde Secretarías de Estado.
- La negativa de las Fuerzas Armadas a ponerse a disposición del CNE
- La negativa de publicación de la declaratoria oficial de elecciones
- Y una violencia sistemática, especialmente dirigida contra las consejeras
Ninguna autoridad electoral debería vivir algo así. Y ningún país debería normalizarlo.
Cuando todo se enlista, se detalla, parece increíble lo que aquí ocurrió. Pero no solamente fue eso, también hubo un frente a lo interno del CNE:
- Bloqueo del funcionamiento del Pleno.
- Paralización de un porcentaje del personal dentro de la estructura institucional.
- Uso del personal del CNE para injuriar y calumniar a la mayoría del órgano colegiado.
- Declaraciones sin sustento del tercer consejero, utilizadas casi en automático para activar líneas de investigación penal.
- Un clima permanente de confrontación.
- Y campañas de acoso y difamación.
Por eso, presidir las Elecciones de 2025 no fue únicamente un reto logístico o técnico.
Desde el derecho comparado, existe una tendencia preocupante: estrategias sistemáticas para debilitar a los órganos electorales y a la democracia, mediante el ataque a sus autoridades.
Sin embargo, el caso hondureño tiene elementos distintivos.
No porque sea la primera vez que un oficialismo cuestiona resultados y hace artilugios para no entregar el poder.
No porque sea la primera vez que los malos perdedores no acepten la derrota.
Sino porque aquí el Estado, usando las instituciones del Estado, atacó sin pausa, sin límite al órgano electoral. Y porque, pese a ello, el órgano electoral resistió.
La contienda en las Elecciones Generales, dejó de ser únicamente entre partidos políticos. Se convirtió en una batalla directa contra el CNE y, por tanto, contra quienes teníamos la responsabilidad de conducir el proceso.
El CNE era de las escasas instituciones que no controlaban. Y a pesar del despliegue de poder y terror: No lograron controlarlo.
Si hoy Honduras vive en democracia, es porque hubo instituciones que resistieron y defendieron la voluntad popular.
Debe destacarse, además, el papel de la cooperación internacional (que siempre apoyó la parte técnica del proceso: PNUD-UE). Y, por supuesto, la observación internacional de alto nivel técnico e independiente, como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
Su informe fue claro: En Honduras no hubo fraude. También señaló: un contexto de alta polarización, uso indebido de instituciones, desinformación y actos de intimidación contra autoridades electorales que incidieron en el desempeño del CNE y el TJE. En este punto lamentamos profundamente la pérdida de la Magistrada del TJE, Miriam Barahona, que tuvo que luchar no solamente contra todo esto, sino que también luchó por su salud y su vida.
Los hallazgos de la MOE UE no son menores. No pueden ignorarse ni relativizarse.
No podemos pasar la página sin aprender de ella. La historia de las EG, no es una página incómoda para pasar bajo la excusa fácil de querer avanzar.
Si no queremos repetir este escenario, debemos asumir con seriedad este tema. Ante hechos tan graves como los sucedidos hace pocos meses en las Elecciones 2025, debe sentarse precedentes.
Señoras y Señores: No se trata de revanchas, ni siquiera se trata de justicia para dos mujeres; nosotras podemos continuar defendiéndonos con la altura y dignidad humana que tenemos. Aquí se trata de actuar conforme al marco legal vigente, ante los hechos objetivos que, desde la misma institucionalidad, intentaron socavar las bases democráticas de Honduras.
Estamos en un momento decisivo: Las decisiones que tomemos hoy, pueden incidir en la calidad de nuestra democracia en los próximos años.
Finalmente:
- Valoramos los esfuerzos de la sociedad civil, en particular del Consejo Nacional Anticorrupción, y su propuesta para el fortalecimiento institucional.
- Esperamos que este sea un espacio de diálogo constructivo.
- Desde el Consejo Nacional Electoral, la mayoría seguiremos firmes: defendiendo la verdad, la legalidad y la voluntad popular.
Su mensaje concluyente
No lograron arrebatarnos la democracia. Y tampoco lograrán reescribir con mentiras, la verdad de este proceso, ni podrán volver a dañar el futuro democrático de Honduras, finalizó Ana Paola Hall.
