La propuesta, denominada Ley para la Dignificación Laboral, Protección Social y Bienestar Integral, busca establecer normas específicas que garanticen el respeto de los derechos laborales de los guardias de seguridad y fortalezcan los mecanismos de supervisión sobre las empresas que prestan estos servicios.
De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto contempla medidas relacionadas con el acceso al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), jornadas de trabajo compatibles con la salud, descansos remunerados, controles de inspección y sanciones para las empresas que incumplan las disposiciones laborales.
Espinal cuestionó las condiciones en las que, según afirmó, trabajan algunos guardias de seguridad. Señaló que existen casos de empleados que cumplen jornadas extensas, carecen de espacios adecuados para descansar y alimentarse y reciben remuneraciones que, a su criterio, no corresponden con las horas trabajadas.
Jornadas y descansos
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que ningún guardia podrá trabajar jornadas superiores a los límites contemplados en el Código del Trabajo, excepto cuando se trate de horas extraordinarias legalmente autorizadas y debidamente pagadas.
El proyecto también plantea que cada trabajador tenga como mínimo dos días consecutivos de descanso remunerado por cada semana de trabajo.
La propuesta incorpora además medidas relacionadas con la salud ocupacional. Los guardias tendrían derecho a exámenes médicos, atención psicológica y cobertura mediante el Seguro Social, de acuerdo con las disposiciones planteadas en la iniciativa.
Uniformes y equipo de trabajo
Otro de los artículos establece obligaciones para las empresas de seguridad privada, entre ellas proporcionar gratuitamente a sus trabajadores los uniformes, botas, equipos de protección personal y demás implementos necesarios para desempeñar sus funciones.
La iniciativa también contempla un fortalecimiento de los mecanismos de inspección laboral para verificar el cumplimiento de las disposiciones y establecer responsabilidades cuando se detecten incumplimientos.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 120 días posteriores a su publicación, en caso de que la iniciativa complete el proceso legislativo y sea aprobada.
Espinal defendió la propuesta como una medida destinada a elevar las condiciones laborales de un sector que cumple funciones importantes en la protección de instalaciones, empresas y ciudadanos.
La iniciativa deberá continuar ahora con el proceso correspondiente dentro del Congreso Nacional, donde será objeto de análisis y discusión antes de una eventual aprobación.