La Unidad Especializada contra Delitos Electorales (UECD) dio a conocer la primera línea de investigación en el caso de la anulación irregular de votos en Namasigüe, Choluteca.
Según las indagaciones, miembros de la Junta Especial de Verificación y Recuento (JEVR) habrían actuado de manera ilegal para perjudicar al precandidato a alcalde del movimiento Avanza, en el nivel electivo de corporación municipal.
El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Balbino Andino Flores (capturado), Elvin Quiñónez Sánchez, Rosa Gattorno Durón y Heydi Sarahí Carranza Morales (capturada).
Todos son señalados como miembros de la JEVR de la Junta Receptora de Votos (JRV) 3135 y acusados de cometer “Otros Delitos Electorales”, inciso 17: anulación de votos por causales no contempladas en la Ley Electoral.
De acuerdo con la investigación realizada junto a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el 9 de marzo los resultados en la JRV 3135 fueron claros: el movimiento Avanza obtuvo 315 votos y el movimiento Papi a la Orden 130.
El 4 de abril de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó un escrutinio especial, en el que prácticamente se ratificaron los mismos resultados.
Sin embargo, tres días después, la JEVR realizó un nuevo recuento, en abierta ilegalidad, donde anuló de manera arbitraria 111 votos al precandidato del movimiento Avanza.
La justificación utilizada fue la existencia de una “duda razonable”, argumento que no tiene fundamento en la normativa electoral. La Ley solo permite anular sufragios bajo causales específicas y comprobables.
Una posterior inspección de la maleta electoral demostró que no existía motivo legal para invalidar los votos, confirmando así un grave atentado contra la voluntad popular y un perjuicio directo al movimiento Avanza en Namasigüe.