La Policía Nacional informó que durante el presente año ha identificado siete casos de autosecuestros en diferentes regiones de Honduras, una modalidad delictiva que, según las autoridades, ha mostrado un incremento en comparación con años anteriores y que representa un uso indebido de los recursos destinados a la investigación de delitos de alto impacto.
El director de Comunicación Estratégica de la institución, Wilber Mayes, explicó que las investigaciones realizadas por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) han permitido establecer que la mayoría de estos casos obedecen a dos principales motivos: conflictos sentimentales y problemas económicos.
De acuerdo con el funcionario, algunos de los casos involucran a jóvenes que abandonan voluntariamente sus hogares debido a diferencias familiares o relaciones de pareja, mientras que otros corresponden a personas que simulan haber sido privadas de libertad para exigir dinero a sus familiares mediante mensajes o llamadas extorsivas.
Mayes indicó que este tipo de conductas constituyen un delito y pueden derivar en procesos penales por simulación de infracción inexistente, figura contemplada en la legislación hondureña.
Las investigaciones son desarrolladas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que una vez concluye la recopilación de pruebas remite los expedientes al Ministerio Público para que se deduzcan las responsabilidades correspondientes y, posteriormente, los casos sean conocidos por el Poder Judicial.
El portavoz policial lamentó que este tipo de denuncias falsas obliguen a movilizar personal especializado, equipos de investigación y recursos logísticos que podrían emplearse en la atención de secuestros reales y otros delitos graves.
No obstante, aseguró que todas las denuncias que recibe la institución son atendidas con el mismo nivel de prioridad, ya que al momento de presentarse un reporte es imposible determinar si se trata de un hecho real o de una simulación.
La Policía Nacional hizo un llamado a la población para abstenerse de recurrir a este tipo de prácticas, recordando que además de generar alarma entre las familias, representan una carga para el sistema de seguridad y pueden acarrear consecuencias legales para quienes las promuevan.