Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos dio luz verde a una controvertida normativa en Texas que permitirá a la policía estatal detener a personas que sospeche se encuentran en el país de manera irregular, marcando un giro significativo en la aplicación de políticas migratorias a nivel estatal.
La decisión judicial habilita la entrada en vigor de la ley conocida como SB4, aprobada en 2023 por la legislatura texana, la cual había permanecido suspendida tras una serie de demandas interpuestas por organizaciones defensoras de derechos humanos.
El tribunal determinó que dichas organizaciones no contaban con la legitimidad procesal necesaria para impugnar la normativa.
La legislación establece como delito estatal el ingreso irregular desde México, contemplando sanciones que van desde hasta seis meses de prisión, hasta penas de hasta 20 años en casos de reincidencia. Además, otorga facultades a las autoridades locales para arrestar y retener a personas bajo sospecha de este delito, así como permitir a jueces ordenar su expulsión hacia territorio mexicano.
Diversas organizaciones, entre ellas American Gateways y Las Americas Immigrant Advocacy Center, han cuestionado la legalidad de la ley, argumentando que invade competencias exclusivas del gobierno federal en materia migratoria.
También advierten que la medida podría obstaculizar el derecho de los migrantes a solicitar asilo y propiciar prácticas discriminatorias contra comunidades hispanas y otros grupos minoritarios.
La aprobación de esta normativa se remonta al periodo presidencial de Joe Biden, en un contexto de aumento en los cruces irregulares en la frontera sur y tensiones entre el gobierno estatal de Texas y la administración federal.
Actualmente, bajo el mandato de Donald Trump, los cruces han disminuido, mientras se ha intensificado una política de detenciones migratorias en el interior del país.
La implementación de la ley también ocurre en medio de presiones del gobernador Greg Abbott para que ciudades como Houston, Dallas y Austin refuercen la cooperación entre las fuerzas policiales locales y las autoridades migratorias federales.
Datos recientes indican un aumento significativo en las detenciones de migrantes. Según un análisis del Deportation Data Project, los arrestos de personas sin antecedentes penales han crecido un 770 %, mientras que las detenciones en espacios públicos han superado el 1,000 % en el último año.
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