En Honduras hemos aprendido, casi sin darnos cuenta, a convivir con lo inverosímil. Nos acostumbramos a que lo urgente se vuelva permanente, a que lo excepcional se vuelva rutina, y a que la precariedad administrativa se disfrace de normalidad. La falta de placas vehiculares — un problema que ya supera los tres años y medio y que afecta, dicen, a más de 833 mil vehículos— es quizá el ejemplo más claro de cómo un país puede resignarse a vivir en un estado de improvisación continua. Y como si no bastara, ahora se suma la incapacidad de emitir licencias de conducir laminadas, sustituidas por simples hojas de papel que, en cualquier otro país, serían consideradas un documento provisional, no un sustituto oficial. El tema de las placas, que esta semana fue de lo más novedoso en el Congreso Nacional, revela una falla estructural que va más allá de la logística o la burocracia. Son síntomas de un Estado que ha permitido que la desorganización se convierta en política pública, que ha dejado avanzar problemas que afectan la seguridad, la movilidad, la economía y la confianza ciudadana.
Porque sí: la falta de placas no es un inconveniente menor, ni un simple retraso administrativo. En un país con altos índices de criminalidad, donde la identificación vehicular es clave para investigaciones, controles y prevención del delito, permitir que cientos de miles de automotores circulen sin placas o con permisos improvisados es una irresponsabilidad mayúscula. Es abrir una puerta más a la impunidad. Es dificultar el trabajo policial. Es exponer a ciudadanos inocentes a sospechas injustas o a trámites interminables. Es, en suma, renunciar a un mínimo orden.
Lo mismo ocurre con las licencias de conducir. Entregar un documento en papel, sin laminado, sin las medidas de seguridad adecuadas, es retroceder décadas en materia de identificación. Es poner en riesgo la autenticidad del documento, facilitar falsificaciones y generar dudas sobre su validez dentro y fuera del país. ¿Cómo puede un Estado que exige a los ciudadanos cumplir la ley ofrecerles documentos temporales, frágiles y vulnerables?
Lo más preocupante es que estos problemas no surgieron ayer. No son sorpresas. Ni son emergencias repentinas. Son fallas anunciadas, advertidas, discutidas y, aun así, ignoradas. Tres años y medio sin placas no es un retraso: es una negligencia institucional. Es la evidencia de que la planificación falló, de que los contratos no se supervisaron, de que las soluciones se postergaron y de que la ciudadanía quedó, como siempre, en último lugar. Y a saber qué más.
Mientras tanto, el país sigue funcionando con parches. Con permisos provisionales que se vuelven permanentes. Con documentos improvisados que se aceptan por necesidad. Con explicaciones oficiales que cambian según el día. Y con un Congreso que, ante la abulia e incapacidad de los verdaderos responsables, al menos discute el problema y recomienda directrices cuando ya es demasiado grande para ocultarlo. Pero Honduras no puede seguir normalizando el desorden. No puede aceptar que la falta de placas y licencias sea parte del paisaje. No puede resignarse a que lo básico —identificar un vehículo, emitir un documento seguro— sea un lujo inalcanzable. En estas líneas no se busca señalar culpables individuales, sino exigir responsabilidad institucional. Exigir que se planifique con seriedad, que se supervise con rigor, que se informe con transparencia y que se actúe con sentido de urgencia. Exigir que el Estado deje de reaccionar y empiece a prevenir. Porque un país que no puede garantizar placas ni licencias difícilmente podrá aspirar a resolver problemas más complejos. Y porque la ciudadanía merece algo mejor que excusas, retrasos y papeles frágiles que simbolizan, tristemente, la fragilidad de nuestra gestión pública.