Desde que el Gobierno de Xiomara Castro asumió el control del Sistema Nacional de Emergencia del 911, luego de negarse a honrar los pagos contractuales del contrato que el estado firmó con la Empresa Dynamic Corporation S.A., este valioso servicio ha entrado en una ingobernabilidad que parece no tener fin.
A las denuncias de despidos, apagones en el sistema, abusos laborales y usos de vehículos de lujo, ahora se suman los supuestos desmanes de la Comisión Interventora y los colectivos de Libre que recientemente ingresaron al sistema como autoridad, según revelaron los empleados mediante un comunicado.
“Se solicita a la excelentísima presidente de Honduras, Iris Xiomara Castro, se derogue el PCM 11-2023, donde se creó la Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno Uno, (911)”, exponen el documento los trabajadores de esa plataforma.
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DOS INTERVENTORAS
El Sistema Nacional de Emergencias, solo este año, ha estado al mando de dos comisiones interventoras, la primera, nombrada en marzo, la encabezó el ingeniero Roberto Reina, mientras que la actual, oficializada el junio pasado, es comandada por Miroslava Cerpas.
En su comunicado, los trabajadores revelan que Cerpas, previo a su nombramiento como titular de la Comisión Interventora, “ingresó a las instalaciones del 911, junto a colectivos de Libre, y secuestraron los expedientes de la oficina de talento humano”.
También la señalan de nombrar personal en todas las oficinas “pidiendo información confidencial de los diferentes procesos que tramita esta institución y nombrando personal que no cumple con los requisitos”.
En el área donde se encuentran las cámaras de vigilancia es prohibido portar y usar celular, no obstante, el personal que fue contratado por la presidente de la Comisión Interventora (Cerpas) sí los utiliza, indica el documento denuncia.
SISTEMA DE ESPIONAJE
Y como si eso fuera poco, los empleados contratados por la nueva Comisión Interventora “pasan tomando fotografías a los empleados de todas las áreas de los edificios”, aseguran los denunciantes.
Pero el ambiente de tensión que se vive en el 911 es de película. Los trabajadores denuncian que todos los días, personal de la Comisión Interventora borra grabaciones de las cámaras que hay internamente en la institución, esto con el fin de no dejar evidencias de agresiones verbales, actos de abuso de autoridad cometidas por la señora Miroslava y su colectivo”.
A ello se suma, según la denuncia, que “buscan despedir al personal sin prestaciones y derechos laborales, irrespetando el Código de Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo. Además, entregan citaciones para audiencias de descargo al domicilio de cada empleado”, aseguran.
En el campo técnico, aseguran que las cámaras de vigilancia están funcionando, pero no por los operadores preparados para tal fin, pues la interventora se niega a entregarles los usuarios correspondientes.
Igualmente confirman la instalación de ‘call centers’ en diferentes pisos del 911, que son manejados por empleados contratados por la interventora Cerpas y que son, según otras denuncias, los que atienden sin pericia los llamados de urgencia que hace la ciudadanía.
Para entender esta problemática, hay que saber que el 911 se trata de un sistema de última generación con inteligencia artificial y que requiere redes de fibra óptica exclusivas para garantizar la calidad de la transmisión del vídeo, voz y datos. Es una de las plataformas más utilizadas en el mundo.
SUGIEREN A ROBERTO REINA
Ante esa ingobernabilidad, los trabajadores piden a la presidente nombrar un director nacional para el proceso de transición de esa institución.
Porque ha podido dar respuesta a las dificultades con las que cuenta el sistema, manteniendo la ética, moral, eficacia y eficiencia, los trabajadores sugieren que el nuevo director sea el ingeniero Roberto Reina quien, mientras estuvo en el cargo, demostró conocer a profundidad la problemática del 911.
Igualmente, solicitan que todo el personal que ingrese a dicha institución de seguridad cumpla con los requisitos y condiciones de admisión, tales como pruebas de confianza, exámenes que detecten el consumo de drogas y otras pruebas de confianza.
Finalmente, los empleados del 911 avisan a la mandataria que “hay muchas más irregularidades que tenemos documentadas y que ponemos a su disposición para que se abra una investigación”.
OTRAS DEMANDAS
Los empleados aprovecharon la carta para exponer las obligaciones económicas que aún les adeuda la administración gubernamental del 911.
- Pago retroactivo por ajuste del salario mínimo y el aumento 1,200 lempiras otorgado a los empleados públicos en general.
- Pago de vacaciones a partir del mes de enero.
- Pago del décimo cuarto, el cual se debió pagar en la primera semana de junio.
- Que paren los actos de intimidación por parte de los colectivos, ya que todos tenemos derecho a un trabajo, a vivir en armonía y en paz.