Tegucigalpa, Honduras. La Procuraduría General de la República (PGR) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks, a quienes señala por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas, en perjuicio del Estado de Honduras.
La acción legal está relacionada con la denominada ZEDE Próspera y, específicamente, con la reciente juramentación de Hernández Franks como “Fiscal Civil”, realizada el pasado 15 de septiembre. Según la PGR, dicho nombramiento carecería de validez jurídica debido a la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2024.
La Procuraduría recordó que el 20 de septiembre de 2024 la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad, con efecto ex tunc —es decir, desde su origen—, de la reforma constitucional y las normas que sustentaban las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como del decreto que creó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP). La sentencia fue publicada en La Gaceta el 25 de noviembre de 2024.
De acuerdo con la denuncia, Colindres Castillo habría continuado presentándose como autoridad de una supuesta jurisdicción especial y habría participado en la designación de Hernández Franks como “Fiscal Civil”.
La PGR sostiene que a ese cargo se le atribuyeron facultades relacionadas con funciones jurisdiccionales, cobro forzoso de tributos y resguardo del orden público, competencias que, según la institución, corresponden a los poderes e instituciones establecidos por la Constitución hondureña.
Ante estos hechos, la PGR solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación penal, preservar las evidencias vinculadas con los actos denunciados, recopilar documentación e informes de instituciones estatales y entidades relacionadas con Próspera, además de recibir las declaraciones que sean necesarias para esclarecer lo ocurrido.
La institución también informó que se reserva el derecho de constituirse como acusador en representación de los intereses del Estado de Honduras si el caso avanza hacia una etapa judicial.
La denuncia constituye el más reciente episodio de la disputa jurídica entre el Estado hondureño y ZEDE Próspera. Mientras la PGR sostiene que las actuaciones derivadas del marco declarado inconstitucional no tienen validez jurídica, será el Ministerio Público y, posteriormente, los órganos jurisdiccionales competentes, en caso de judicializarse el expediente, quienes deberán determinar si existen responsabilidades penales.
Es importante señalar que la presentación de una denuncia no constituye una declaración de culpabilidad contra las personas señaladas; cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante el debido proceso y las autoridades competentes.