El Gobierno de Perú ha puesto en estado de emergencia a once distritos de Lima y uno en la cercana provincia de Callao durante un plazo de 60 días.
Esta medida surge en respuesta a la creciente ola de extorsiones que afecta a la capital, un problema que fue destacado por los transportistas durante el paro que llevaron a cabo este jueves.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, reveló que la responsabilidad de preservar el orden interno en esas áreas recae en la Policía Nacional de Perú (PNP).
Mientras que las Fuerzas Armadas se encargarán de llevar a cabo iniciativas de respaldo para asegurar la tranquilidad de la ciudadanía.
De igual manera, el Gobierno tiene planeado enviar al Congreso una iniciativa legislativa que clasifica «delito de terrorismo urbano», el secuestro, la extorsión y la tenencia de armas de fuego de origen ilícito..
En este contexto, afirmó que aquellos que envíen a los detenidos por estos delitos al penal de máxima seguridad Challapalca I, localizado en una apartada región de los Andes a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar, enfrentarán serias repercusiones.
Se ha decidido llevar a cabo de manera urgente la expansión del centro penitenciario de alta seguridad Challapalca I, con el fin de albergar a los sentenciados y procesados por estos delitos.
«Cualquier interno de los centros penitenciarios que se implique en la perpetración de estos delitos será reubicado de forma inmediata y trasladado al penal mencionado», añadió.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, anunció una medida de estado de emergencia que entra en vigor de manera inmediata.
Además, indicó que el Gobierno seguirá vigilando de cerca la situación para considerar la posibilidad de extender esta medida a otros distritos del país.
Los distritos de Lima que han sido catalogados como en emergencia abarcan una amplia variedad de localidades: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho Chosica, además de la ciudad portuaria Ventanilla en el Callao.
Bajo el mando del presidente Pedro Castillo entre 2021 y 2022, Lima Metropolitana y el Callao enfrentaron un prolongado estado de emergencia que se extendió por 315 días, como respuesta a la preocupante alza de la criminalidad en la región.
En septiembre, el gobierno de Boluarte declaró el estado de emergencia en varias zonas de la capital, una decisión que surgió después de la impactante explosión de una granada frente a una popular discoteca.
Este jueves, al ser interrogado por la prensa sobre las novedades que traerá la declaración de estado de emergencia, Astudillo respondió que será esencial contar con la colaboración de «todos los actores sociales» a fin de asegurar la protección y el bienestar de la ciudadanía.
El primer ministro de Perú, acompañado de varios miembros de su gabinete, se dirigió a los medios en una rueda de prensa convocada para presentar las nuevas medidas.
Esta intervención surge a raíz del paro llevado a cabo este jueves por asociaciones de transportistas, quienes han alzado la voz ante la creciente ola de extorsión que está azotando su sector.
En las últimas semanas, al menos tres conductores se han convertido en víctimas trágicas de una alarmante ola de criminalidad.
Desestimo de forma categórica cualquier insinuación de inacción o complicidad.
«En el Gobierno, todos compartimos un firme compromiso en la batalla contra el crimen organizado», afirmó Adrianzén al responder a las inquietudes expresadas por el gremio de transportes sobre la inacción del Ejecutivo.
