Un juez de letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción otorgó medidas sustitutivas a Liana María Mayorga Castillo, acusada de lavado de activos en el caso de corrupción relacionado con la Tasa de Seguridad. La decisión se tomó durante la audiencia de revisión de este lunes.
La imputada, que enfrentaba prisión preventiva, deberá permanecer bajo la vigilancia de su apoderado legal, no salir del país y firmar periódicamente el libro del Juzgado. Además, presentó una caución hipotecaria por un inmueble valorado en ocho millones de lempiras.
La portavoz de los Juzgados, Bárbara Castillo, aclaró que las medidas se harán efectivas una vez que el inmueble sea inscrito a favor del Estado en el Instituto de la Propiedad.
El caso también involucra a Juan Ramón Molina, excoordinador de fideicomisos de la Tasa de Seguridad, quien permanece prófugo y tiene alerta roja internacional.
Según el Ministerio Público, ambos defraudaron al Estado por 18.5 millones de lempiras mediante la compra de tarjetas PVC para licencias de conducir, de las cuales solo ingresó poco más de la mitad.
Además, se indica que Mayorga transfirió 17 millones de lempiras a Inversiones MyM, propiedad de Molina, tres días después del pago efectuado por la Secretaría de Seguridad, lo que sustenta la acusación en su contra.
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