La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que, a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), ha atendido ocho casos de autosecuestros o secuestros fingidos en lo que va de 2026, situaciones que movilizaron equipos especializados antes de determinar que las denuncias eran falsas.
De acuerdo con la institución, cada reporte de secuestro activa de inmediato un protocolo de respuesta debido a la gravedad de este delito, por lo que las investigaciones se desarrollan con la máxima prioridad para proteger a las presuntas víctimas y dar con los supuestos responsables.
Investigaciones revelaron que las denuncias eran falsas
La DPI explicó que, tras aplicar técnicas especializadas de investigación, los agentes establecieron que en los ocho casos las supuestas víctimas habían planificado el secuestro para obtener dinero de familiares, parejas sentimentales o personas cercanas.
Los investigadores indicaron que entre las diligencias realizadas figuran labores de inteligencia, rastreo tecnológico, entrevistas, análisis de información, verificación de indicios y coordinación con otras unidades policiales y operadores de justicia.
Problemas económicos, el principal motivo
Según los especialistas de la UNAS, el principal móvil detectado en este tipo de casos es la necesidad de conseguir recursos económicos para cubrir deudas personales, enfrentar dificultades financieras o financiar proyectos particulares.
La modalidad consiste en generar presión emocional sobre familiares y allegados para que entreguen importantes cantidades de dinero bajo la creencia de que la víctima se encuentra privada de libertad.
Adultos jóvenes concentran la mayoría de los casos
Las investigaciones revelan que la mayoría de las personas involucradas tienen entre 20 y 40 años de edad.
No obstante, la DPI informó que durante este año también se documentaron dos casos en los que participaron menores de edad, quienes igualmente fueron investigados conforme al marco legal aplicable.
Simular un secuestro tiene consecuencias penales
La institución recordó que fingir un secuestro o denunciar un delito inexistente constituye una conducta sancionada por el artículo 529 del Código Penal de Honduras, correspondiente al delito de Simulación de Infracción Inexistente.
Esta figura contempla penas que van de seis meses a dos años de prisión, además de multas de entre 100 y 300 días, para quienes provoquen la activación de investigaciones mediante denuncias falsas.
Asimismo, las personas involucradas deberán responder ante la justicia y únicamente podrán acceder a mecanismos alternativos, como la suspensión de la persecución penal, si cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente.
Llamado a la ciudadanía
La DPI exhortó a la población a no recurrir a este tipo de acciones, ya que además de constituir un delito, generan un importante desgaste de recursos humanos, tecnológicos y logísticos que podrían utilizarse para atender secuestros reales y otros casos de alta complejidad.
Las autoridades insistieron en que toda denuncia de secuestro recibe atención inmediata, por lo que pidieron actuar con responsabilidad y utilizar los mecanismos de denuncia únicamente cuando exista un hecho delictivo real.