La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) observa con preocupación los anuncios realizados por distintas autoridades sobre la posible adopción de un estado de excepción focalizado en determinados territorios y la eventual declaratoria de algunas estructuras criminales como asociaciones terroristas.
OACNUDH reconoce que la violencia criminal, las extorsiones, los homicidios, los desplazamientos forzados internos y otras formas de criminalidad afectan gravemente los derechos humanos de la población.
Frente a esta situación, el Estado tiene la obligación de proteger a las personas, investigar los delitos, sancionar a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas.
Ante la gravedad de estos desafíos, la Oficina recuerda que toda respuesta estatal, incluidas las medidas excepcionales de seguridad, debe basarse en el respeto de los derechos humanos.
“La población hondureña tiene derecho a vivir sin miedo. Los derechos humanos no impiden al Estado actuar contra el crimen; le instan a hacerlo investigando, desarticulando estas estructuras y sancionando a los responsables. Nadie debe elegir entre seguridad y derechos, una seguridad efectiva garantiza ambos” afirmó Juan Carlos Monge, Representante de OACNUDH.
La Oficina reitera que toda medida extraordinaria de seguridad debe observar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad, supervisión independiente y rendición de cuentas, conforme a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Honduras.
La suspensión o restricción de derechos únicamente puede justificarse cuando resulte indispensable para hacer frente a circunstancias excepcionales y debe estar acompañada de controles efectivos.
Respecto de la eventual declaratoria de organizaciones criminales como asociaciones terroristas, la Oficina recuerda que las definiciones imprecisas y excesivamente amplias de terrorismo pueden dar lugar a otras violaciones de derechos y que toda actuación estatal en materia penal debe respetar plenamente los principios de legalidad penal, presunción de inocencia, debido proceso y responsabilidad individual.
Las estrategias para combatir estructuras criminales deben implementarse de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
OACNUDH exhorta al Estado de Honduras a continuar fortaleciendo una política integral de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos, priorizando la prevención de la violencia, la investigación criminal efectiva, la reducción de la impunidad, la protección de las víctimas, la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, recuerda que los resultados duraderos en materia de seguridad solo pueden alcanzarse mediante reformas estructurales orientadas a reducir las desigualdades y fortalecer el Estado de derecho.
La Oficina reitera su disposición de continuar brindando asistencia técnica y acompañamiento al Estado para el diseño e implementación de respuestas e caces frente a la violencia y la criminalidad.
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