A partir de este 6 de octubre entra en vigencia en Honduras el nuevo Reglamento Técnico para el Cemento, normativa aprobada mediante el Acuerdo Ministerial No. 027-2026 de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).
Esta regulación establece requisitos obligatorios para garantizar la calidad, registro y certificación de los productos en el país.
El objetivo es garantizar la calidad y seguridad del cemento sin cerrar las puertas al mercado, sino regulando las certificaciones bajo condiciones de competencia justa y transparente. Permitir la comercialización o importación de cemento sin registro técnico constituye un irrespeto al marco legal que pone en riesgo la infraestructura nacional y la seguridad de los ciudadanos.
A través de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), se han otorgado 15 registros oficiales a tres empresas que cumplieron a cabalidad: Argos Honduras, Cementos del Norte (CENOSA) e Inversiones Cementeras de Centroamérica (DURACEM).
Pese a los constantes incrementos en costos clave como energía eléctrica, combustibles e insumos, las cementeras nacionales Argos de Honduras y CENOSA han realizado esfuerzos extraordinarios para mantener sus precios, brindando un alivio directo a la economía de las familias hondureñas.
Para responder al mercado con opciones accesibles, la industria nacional dispone de un portafolio de marcas económicas debidamente certificadas: Cemento Uno y Eco Multi Propósito (Argos), Cemento de uso general (DURACEM), así como Cemento Norte, Cemento Cordillera, Cemento América y Cemento Sureño (CENOSA).
Todas estas marcas cumplen con los parámetros de calidad y compiten directamente contra marcas como Cementos Wan Peng, Cementos Muralla y Cementos Panda, las cuales no han logrado cumplir con los requerimientos técnicos ni realizaron su registro durante el plazo de cuatro meses brindado por el Gobierno.
La aplicación de este reglamento representa una garantía real de resistencia, durabilidad y seguridad para las construcciones en Honduras. Esto impacta directamente en el bolsillo de los consumidores al asegurar que cada lempira invertido se traduzca en una estructura firme, evitando pérdidas financieras por reparaciones o fallas causadas por productos de dudosa procedencia.
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