Las fuerzas de seguridad mantienen operaciones en el departamento de Yoro para desarticular la estructura criminal conocida como el Cártel del Diablo, cuyos principales cabecillas continúan siendo buscados por las autoridades, informó el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez.
El funcionario aseguró que los equipos policiales desplegados en esa zona esperan obtener nuevos resultados en las próximas horas. Asimismo, destacó que las acciones ejecutadas durante los últimos meses han permitido capturar a más de 30 presuntos integrantes de esta organización, señalados por delitos como asesinato y asociación terrorista.
Sin embargo, reconoció que todavía quedan objetivos pendientes, entre ellos el supuesto líder de la estructura, conocido con el alias de «El Diablo», por lo que las operaciones continuarán hasta intentar ubicar a los principales responsables.
Plan Escudo Nacional: 84 detenidos por asociación terrorista
En cuanto al Plan Escudo Nacional, Velásquez informó que las autoridades contabilizan 84 personas detenidas por el delito de asociación terrorista. Según el ministro, los capturados han sido procesados y trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad.
El funcionario explicó que las nuevas disposiciones legales permiten ampliar la persecución penal contra quienes presuntamente integran organizaciones criminales, así como contra personas que colaboren con sus actividades.
El balance representa una actualización respecto a los 60 detenidos por asociación terrorista que la Policía Nacional reportó el pasado 26 de octubre, cuando informó sobre los primeros resultados de las operaciones del plan.
Desalojos de tierras enfrentan obstáculos
Por otra parte, el titular de Seguridad abordó las dificultades que enfrentan las autoridades para ejecutar desalojos en propiedades ocupadas. Explicó que estos procedimientos requieren órdenes judiciales y coordinación con los propietarios para concretar la recuperación de los terrenos.
Como ejemplo mencionó la finca Panamá, ubicada en el Bajo Aguán, donde, según indicó, pese a haberse ejecutado un desalojo, los propietarios todavía no han regresado debido a que consideran que no existen condiciones de seguridad para retomar sus actividades e invertir.
Velásquez también manifestó preocupación por una presunta infiltración de estructuras criminales en algunas asociaciones campesinas, aunque estas afirmaciones corresponden a la valoración del funcionario.
Extorsión continúa afectando a la población
El ministro reconoció que la extorsión sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad en Honduras y señaló que las maras y pandillas figuran entre las estructuras vinculadas a este delito.
También advirtió que existen individuos que se hacen pasar por integrantes de organizaciones criminales para amenazar a ciudadanos y exigirles pagos ilegales.
Sobre los resultados de las nuevas medidas, aseguró que durante los primeros 30 a 40 días de aplicación se ha observado una reducción significativa en algunos indicadores relacionados con la extorsión.
No obstante, admitió que será necesario dar seguimiento a las estadísticas durante los próximos meses para establecer si esta tendencia se mantiene y medir el impacto real de las acciones implementadas.
Las autoridades sostienen que los operativos continuarán en diferentes regiones del territorio nacional, con énfasis en la identificación y captura de integrantes, cabecillas y colaboradores de las estructuras criminales.