El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes 15 de septiembre un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres cantones del país, como parte de las medidas anunciadas por su Gobierno para enfrentar la inseguridad y las actividades vinculadas al crimen organizado.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 498 y contempla a las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. También incluye los cantones de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.
De acuerdo con el decreto, la declaratoria responde a una situación de “grave conmoción interna” atribuida por el Gobierno a la actividad de estructuras del crimen organizado. Entre las disposiciones se contempla la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y la intervención coordinada de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para fortalecer las operaciones de seguridad.
Toque de queda desde el 17 de septiembre
El decreto también oficializa un toque de queda que tendrá una aplicación más focalizada. La restricción de movilidad regirá en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, desde las 00:00 hasta las 05:00, entre el 17 y el 30 de septiembre de 2026.
Durante ese horario habrá excepciones para determinados servicios esenciales y personal autorizado, entre ellos trabajadores de salud, organismos de emergencia y fuerzas de seguridad, según las disposiciones oficiales.
La medida constituye el tercer toque de queda aplicado en Ecuador durante 2026, según reportes de medios ecuatorianos. El Gobierno sostiene que la nueva restricción busca permitir un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad durante las horas nocturnas en zonas consideradas prioritarias.
El nuevo estado de excepción tendrá una duración de 60 días, mientras que el toque de queda tendrá una vigencia temporal de dos semanas, hasta el 30 de septiembre.
Las autoridades ecuatorianas han señalado que las medidas forman parte de su estrategia para intensificar las operaciones contra organizaciones criminales y reforzar la seguridad en territorios considerados de mayor riesgo.