Un nuevo episodio de tensión diplomática entre Honduras y Nicaragua surgió luego de que el gobierno nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenara la salida de dos magistrados hondureños de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), tras declararlos “persona non grata”.
Los funcionarios afectados son Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano, actual presidenta de la CCJ, y el magistrado Óscar Fernando Chinchilla Banegas, ambos representantes hondureños dentro del organismo regional.
La medida ocurre casi un mes después de que Honduras oficializara su retiro de la Corte Centroamericana de Justicia, una decisión que, según las autoridades hondureñas, responde a un proceso de reorganización institucional y fortalecimiento de las finanzas públicas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras explicó en su momento que la salida del organismo regional permitiría liberar más de 700 mil dólares anuales, recursos que serían dirigidos a otras prioridades nacionales.
De acuerdo con reportes divulgados por medios regionales, los magistrados fueron notificados de su condición de “non gratos” y posteriormente acompañados hasta el puesto fronterizo de El Guasaule, en el departamento de Chinandega, límite entre Nicaragua y Honduras.
Hasta el momento, ni el gobierno hondureño ni las autoridades nicaragüenses han emitido una postura oficial ampliada sobre lo ocurrido. Tampoco los funcionarios afectados se han pronunciado públicamente.
Fuentes diplomáticas señalan que la administración de Nicaragua argumentó que los magistrados perdieron los privilegios e inmunidades vinculados a sus cargos tras la decisión de Honduras de abandonar formalmente la CCJ.
Cabe señalar que Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano había asumido la presidencia de la Corte Centroamericana de Justicia el pasado 30 de abril de 2026, según registros oficiales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
La situación añade un nuevo elemento de fricción en las relaciones bilaterales y reabre el debate sobre el funcionamiento y permanencia de los países miembros en los organismos regionales de integración centroamericana.
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