El Parlamento de Nicaragua, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó este viernes una polémica reforma constitucional que concentra más poder en el Ejecutivo.
Asimismo, extiende el mandato presidencial a seis años, crea los cargos de copresidente y copresidenta, y refuerza el control estatal sobre los medios de comunicación.
La iniciativa, enviada con carácter de urgencia por el presidente Daniel Ortega, se aprobó en primera legislatura con el respaldo mayoritario de la bancada sandinista.
Según la Constitución, las reformas requieren ser ratificadas en dos periodos legislativos para entrar en vigor. Se prevé que el proceso culmine en enero de 2025.
Concentración de poderes y nuevas figuras políticas
Entre los cambios destacados, la reforma otorga al presidente la capacidad de coordinar todos los poderes del Estado, desde el legislativo hasta el judicial, eliminando de facto la separación de poderes.
También establece que la Presidencia dirigirá al Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
Se crean los cargos de copresidente y copresidenta, que podrán nombrar vicepresidentes sin necesidad de elección popular.
Estos nuevos roles, según Ortega, formalizan el poder compartido que mantiene con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Restricciones y sanciones a la oposición
La reforma prohíbe ser candidato presidencial a quienes hayan adquirido otra nacionalidad o sean considerados “traidores a la patria”.
De esa forma, afectando a líderes opositores desterrados y desnacionalizados en 2023.
Además, refuerza la vigilancia estatal sobre los medios de comunicación y penaliza la difusión de “noticias falsas” bajo una ley ya vigente que contempla penas de hasta 10 años de cárcel.
Un Estado revolucionario y laico
La reforma redefine al Estado nicaragüense como “revolucionario” y adopta la bandera del FSLN como símbolo patrio.
Aunque reafirma la libertad de culto, prohíbe actividades religiosas que “atenten contra el orden público” y exige que las iglesias se mantengan libres de influencia extranjera.
Reacciones y críticas internacionales
La oposición ha calificado estas reformas como un paso hacia el “poder absoluto” de Ortega y Murillo.
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Mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA) las tildó de un intento de perpetuar al régimen en el poder.
El texto también incluye una reafirmación de la soberanía nicaragüense frente a sanciones internacionales y destaca la vigencia de la sentencia de 1986 de la Corte Internacional de Justicia que condenó a Estados Unidos por actividades militares en el país.
Con estas reformas, Ortega, de 79 años, consolida aún más su poder tras más de 15 años de gobierno.
Mientras la comunidad internacional y sectores de la sociedad civil expresan alarma por el debilitamiento de la democracia en Nicaragua.