Las muertes violentas de mujeres en Honduras no registran una disminución significativa durante el primer semestre de 2026, afirmó la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, quien aseguró que las cifras se mantienen prácticamente iguales a las reportadas en el mismo período del año anterior.
Las declaraciones de Ayestas surgen luego de que el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, manifestara que este tipo de crímenes había disminuido en comparación con 2025. Sin embargo, la representante del observatorio sostuvo que los datos disponibles reflejan una realidad distinta.
Según detalló, durante los primeros seis meses de 2025 fueron asesinadas 138 mujeres, mientras que al cierre de junio de 2026 la cifra asciende a 139 víctimas, una diferencia que, a su juicio, no representa una reducción de la violencia.
“No es significativo el aumento; podemos establecer que se mantiene la violencia y la criminalidad”, expresó Ayestas.
La experta consideró que el Estado debe fortalecer las labores de investigación criminal para identificar y capturar a los responsables, además de mejorar los procesos de judicialización para combatir la impunidad en este tipo de delitos.
Asimismo, recordó que desde 2005 a la fecha alrededor de 8,000 mujeres han perdido la vida de forma violenta en Honduras, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia de género en el país.
Ayestas también advirtió que muchas de las víctimas son afectadas por estructuras vinculadas al crimen organizado transnacional, cuyos actos, señaló, buscan enviar mensajes de intimidación mediante la extrema violencia ejercida contra las mujeres.
En ese sentido, lamentó que los asesinatos se caractericen cada vez por un mayor nivel de crueldad, al registrarse casos con altos niveles de violencia, lo que, afirmó, refleja un incremento en la saña con la que son cometidos estos crímenes.
La coordinadora del OV-UNAH cuestionó además si el Estado cuenta con suficientes investigadores especializados, fiscales y jueces capacitados con perspectiva de género para responder de manera efectiva a esta problemática.
Finalmente, opinó que las medidas implementadas para combatir la criminalidad, como el estado de excepción, no han logrado frenar el accionar de maras, pandillas y otras estructuras delictivas, por lo que considera que la situación de inseguridad permanece igual o incluso ha empeorado.
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