La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) del Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra funcionarios, exfuncionarios y particulares vinculados a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula (SPS), acusados de integrar una red de corrupción que habría causado un perjuicio económico superior a 45.5 millones de lempiras.
El caso, que abarca de julio de 2023 a abril de 2024, involucra la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados supuestamente al mejoramiento vial.
Los acusados
Entre los señalados se encuentran Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega (representante de HERCOD), Steven Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras, y Josué David Fajardo Hernández, tío de Fajardo.
También figuran representantes de otras empresas involucradas: José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.
Asimismo, la acusación incluye a funcionarios y exfuncionarios municipales: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica (Gerencia de Infraestructura), Marlen Mena Gómez (exgerente financiero), Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal), Luis Enrique Saa (director de proyectos) y Walter Cartagena Villagra (exdirector de Vías).
Se les imputan delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.
Esquema de corrupción
De acuerdo con el Ministerio Público, empleados municipales y representantes de empresas planificaron la adjudicación de contratos a HERCOD, mientras que otras compañías solo servían como “relleno” para simular competencia.
Los 33 contratos se fraccionaron para evadir los procesos de licitación pública: 26 fueron por contratación directa y 7 por licitación privada. HERCOD incumplió requisitos básicos, como presentar garantías de anticipo o nóminas de personal técnico.
A pesar de ello, funcionarios municipales autorizaron pagos sin informes de avance ni verificación de obras, incluyendo proyectos que nunca se ejecutaron, como la reparación de un complejo deportivo y carreteras en El Merendón.
Tráfico de influencias y lavado de activos
El requerimiento fiscal detalla que Steve Fajardo, sin ser funcionario, sostuvo reuniones con Osman Chávez y representantes de las empresas que simulaban competir. Asimismo, Luis Hernández Portillo aprovechó vínculos societarios con familiares de Fajardo para obtener beneficios indebidos.
Posteriormente, los fondos pagados a HERCOD fueron transferidos por Olga Ávila y Hernández Portillo a diversas cuentas, de donde más de 5.9 millones de lempiras terminaron en manos de Josué Fajardo Hernández, quien los entregaba a su sobrino Steve para ocultar el origen ilícito del dinero.
El Ministerio Público adelantó que continuará con las acciones judiciales para desarticular la red y recuperar los fondos públicos desviados.
