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lunes, junio 8, 2026

Ministra Argueta rechaza acusaciones de maestros «fantasmas»

La ministra de Educación, Arely Argueta, rechazó las denuncias que señalan la existencia de supuestos “maestros fantasmas” o el pago de salarios a personas fallecidas dentro del sistema educativo hondureño.

La funcionaria aseguró que la Secretaría de Educación maneja con responsabilidad la información del personal docente y administrativo en todo el país.

Argueta explicó que la institución ha respondido a diversas solicitudes de información realizadas por organizaciones de sociedad civil.

Sin embargo, aclaró que los datos entregados son filtrados cuidadosamente para proteger la privacidad de los empleados públicos.

“Estamos obligados a proteger información sensible como direcciones, teléfonos o situación económica”, manifestó la ministra.

Agregó que la información compartida es verificable, pero debe utilizarse bajo criterios de responsabilidad.

La titular de Educación también se refirió a las denuncias sobre supuestas irregularidades en el pago de salarios a docentes que no imparten clases.

En ese sentido, afirmó que las revisiones internas no han encontrado evidencia que respalde dichas acusaciones.

“No tenemos en este momento información que confirme esas denuncias”, señaló Argueta.

Indicó además que, de existir irregularidades, corresponderá a los organismos de investigación determinar los hechos.

Argueta destacó que la Secretaría de Educación cuenta con mecanismos de supervisión a nivel nacional.

Estos operan a través de direcciones departamentales y municipales para monitorear asistencia y desempeño docente.

En materia presupuestaria, la ministra explicó que la institución enfrenta limitaciones debido a la distribución de los recursos.

Detalló que el 85 % del presupuesto se destina al pago de salarios, el 14 % a transferencias y solo el 1 % queda para operación.

La funcionaria reiteró que la Secretaría continuará colaborando con las instancias competentes.

También aseguró que se mantendrán los procesos de control y supervisión para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

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