Tegucigalpa. El Ministerio Público de Honduras anunció este jueves que libraron nuevas órdenes de captura contra diferentes personas por suponerlas responsables del caso “Narcopolítica II”.
Información preliminar destaca que una de las órdenes de detención es para la representante legal de la empresa INRIMAR, Nohelia Mercedes Pacheco Murillo.
Asimismo, para su hermana y representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO), Irza Fané Pacheco Murillo.
A este caso la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) le denominó Narcopolítica II.
Desde ayer autoridades desarrollan la audiencia inicial en contra de la ex asistente de la gerencia técnica del Fondo Vial, Iris María Sarmiento Ferreira,
Los otros implicados son: el exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el ex titular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Goméz Gavarrete.
Además, el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga (con proceso en EEUU por narcotráfico).
Esta segunda línea judicializada de Narcopolítica se presentó el 13 de septiembre de 2023 y en su primera fase comprendió una acusación a 12 personas.
Las autoridades judiciales señalan a estas personas por formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Acusados de operación Narcopolítica I
En ese entonces, los encausados fueron el exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Miguel Rodrigo Pastor.
Igualmente, exfuncionarios como Marlon Geovanny Flores y Carol Ivonne Pineda, Norberto Quezada y José Manuel Valladares Rosa.
Entre los coimputados figuran Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, con cargos por conspiración a la narcoactividad en Estados Unidos.
Cabe mencionar que tanto en Narcopolítica I, como en esta etapa II, las imputaciones se refieren al otorgamiento de contratos a INRIMAR.
Según el MP, tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro.
Inicialmente se comprobó que se les favoreció con la suscripción de 21 contratos por más de 68 millones de lempiras y ahora se registraron otros 10 contratos por más de 50 millones de lempiras.
Tales contratos se adjudicaron sin que la empresa INRIMAR cumpliera con los requisitos que establece la ley para poder contratar con el Estado, durante la gestión de gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Para la concesión de unos contratos se fraccionaron las obras y en otros se emitieron decretos de emergencia por una tormenta tropical.
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Las obras asignadas por estos contratos en su mayoría no se realizaron (falsamente se acreditó que se habían hecho y entregado).
Mientras que, las que se efectuaron fueron sobrevaloradas. El propósito de la asignación de estos contratos, era básicamente prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero derivado del narcotráfico, a través de instituciones gubernamentales.