El Ministerio Público (MP) reafirmó este miércoles que el requerimiento fiscal presentado contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) por el presunto delito de prevaricato judicial está debidamente sustentado con pruebas documentales y testificales.
Según el comunicado oficial, los magistrados emitieron resoluciones contrarias a la ley al declarar sin lugar una recusación y ordenar la inscripción de ciudadanos que no cumplían con los requisitos legales, lo cual —según el MP— constituye un incumplimiento de sus deberes judiciales.
El MP explicó que, antes de proceder, agotó todos los mecanismos legales correspondientes, incluyendo la solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, la CSJ determinó que los magistrados del TJE no gozan de inmunidad o prerrogativas especiales, por lo que el proceso penal sigue conforme a derecho.
En el mismo comunicado, el Ministerio Público enfatizó que “no persigue personas, sino delitos”, y subrayó que todas sus actuaciones se desarrollan dentro del marco constitucional y de las leyes hondureñas, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Asimismo, el MP reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del proceso electoral, señalando que continuará vigilante ante cualquier intento de vulnerar la ley o afectar la integridad democrática del país.
Finalmente, la institución aclaró que su actuación se enmarca en el principio de independencia y objetividad, reafirmando que las investigaciones en curso buscan fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y en el sistema electoral hondureño.
Lea también: Remesas a Honduras alcanzan cifra récord de $10 mil millones