Tegucigalpa. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) compareció contra 12 personas ligadas a las actividades ilícitas del cartel de los extraditados hermanos Valle Valle.
Se trata de Tesla Danessa Ortega Valle, hija de Digna Valle Valle, así como de Amelia García y Juan Carlos Rosales García.
Asimismo, Jorge Danilo Rosales García, Juventino Rosales Mejía, Bairon Javier Rosales García y Hudaldina Guerra Bueso.
De la misma manera, Karen Walkidia Moreno Chinchilla, Darwin Orlando Ramos Díaz, Digna Emérita Rosales García, Lesly Sofía Espinoza Trigueños y René Isaac López Maury.
Todos los mencionados, los suponen responsables por lavado de activos y asociación para delinquir.
Antecedentes
De acuerdo a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el 22 de octubre del 2015 se recibió denuncia contra Rene López.
López era un agente inmobiliario y se dedicaba también a la compra, venta y cambio de automóviles.
Igualmente, tiene relación con la organización de los hermanos Valle Valle, que actualmente guardan prisión en Estados Unidos.
Posteriormente, el 11 de febrero del 2016 se recibió denuncia en la cual se establece que los señores Jorge Danilo Rosales García, Rene Isaac López Maury y Darwin Orlando Ramos Díaz se dedican a realizar actividades de tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo a información preliminar, trasladaban droga desde Honduras a Guatemala, utilizando puntos ciegos entre los dos países.
Una tercera denuncia se recibió el 2 de junio del 2016 donde se reportó las actividades de lavado de activos realizadas por los denunciados.
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El Ministerio Público amplió el caso con la puesta en marcha de la Operación Redada II, con la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 22 bienes muebles e inmuebles más, mismos que no tenían justificación legal ni económica su origen.
Como se recordará, el juicio oral y público contra los capturados en la Operación Redada comenzó en el paso 2020, sin embargo, por la pandemia por COVID-19 se postergó por disposiciones de la Sala I del tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal.